De todo lo que se ha dicho sobre el conflicto en la Araucanía, hay que destacar una frase del intendente, Francisco Huenchumilla, cuando dijo que los agricultores no mapuches de la región, cuyas tierras son reclamadas por comunidades mapuches, “tienen que entender que deben entregar su fundo”.
Huenchumilla no desconoce que le está pidiendo eso a quienes legalmente son propietarios, pero ha argumentado que “el problema político significa que aquí hay una persona que dentro de la ley tiene un predio, pero produce un efecto de conflicto tan grande, que la autoridad tiene que tratar de resolver”.
El mismo intendente agregó que “yo siempre doy el ejemplo de Perú y Bolivia, donde nosotros tenemos tratados y, por lo tanto, la legalidad está de nuestra parte. Tenemos tratados y, sin embargo, estamos en La Haya y perdimos 20 mil kilómetros con Perú. Y ahora con Bolivia la legalidad está de nuestra parte, y nos están demandando en La Haya. Entonces, ¿el problema es legal o es político? Naturalmente que el problema es político; va más allá de la legalidad”.
Es notable que un representante de la Presidenta de República le da la razón a Bolivia. Dice, a diferencia de nuestra Cancillería, que los tratados existen y son favorables a Chile, pero que eso no importa, porque por ser un problema político, desborda la legalidad.
Si en la Araucanía -según Huenchumilla- la solución política es quitar tierra a quienes legalmente la tienen en favor de otros que la demandan, ¿por qué no aplicar la misma receta en la relación con La Paz?
Evo Morales opina, en este punto, lo mismo que Huenchumilla. Sólo hace falta un acuerdo político.
