Una posible nueva formalización estudia la Fiscalía de Chillán respecto de dos de los condenados por el colapso del edificio Alto Río el año 2010, esto luego de concluir las diligencias en una investigación por el delito de contrato simulado.
Pocos días después del terremoto y el desplome del edificio que causó la muerte de ocho personas, Juan Ignacio Ortigosa y Ricardo Baeza, entonces ejecutivos de la constructora Socovil, firmaron en la notaría Bravo de Chillán tres escrituras públicas para traspasar sus bienes a otras empresas.
El trámite se tradujo en una querella del estudio del abogado Fernando Saenger, denunciándose que la desaparición de Socovil tenía por objetivo eludir el pago de eventuales indemnizaciones a las víctimas de la tragedia.
Lo anterior es hoy una realidad, luego que la justicia estimara en casi 2 mil millones de pesos la responsabilidad civil de Ortigosa y Baeza, además de un tercer ex ejecutivo de Socovil y del ingeniero René Pettinelli.
Durante los cuatro años de investigación desformalizada a cargo del fiscal Mauricio Mieres hubo dos intentos de sobreseimiento, solicitudes que fueron rechazadas con el pronunciamiento incluso de la Corte de Apelaciones de Chillán.
Hace una semana el fiscal adjunto completó una diligencia clave en la causa, como es la declaración del empresario Rodrigo Valenzuela, a quien Ortigosa y Baeza compraron la constructora que reemplazaría a Socovil, y a la que se traspasaría parte de un patrimonio de mil 100 millones de pesos.
El testimonio de Valenzuela en calidad de testigo permitió al Ministerio Público dejar la investigación en estado de decidir si procede o no a la formalización de Ortigosa y Baeza por simulación de contrato.
En caso de que el fiscal Mieres opte por no actuar, podrían ser los abogados querellantes quienes soliciten la formalización, considerando entre otras cosas que los condenados por los cuasidelitos de homicidio y lesiones graves no han pagado ni las indemnizaciones ni las costas del juicio en el caso Alto Río.
