El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo el viernes que su país no ha encontrado fundamentos en Estados Unidos que permitan presentar demandas por el caso de la toma sin consentimiento de muestras de sangre a indígenas amazónicos.

En el hecho estarían involucrados la petrolera Maxus, el Instituto científico Coriell y la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, todos de Estados Unidos.

“No existe ninguna ley federal de los Estados Unidos que provea un fundamento jurídico para la demanda contra Coriell, Maxus o los investigadores” de Harvard, declaró el mandatario durante la grabación en Quito de su informe semanal de labores, que será retransmitido este sábado.

Añadió que “la ley protege hasta los derechos de autor, pero no proteje a individuos si se llevan su sangre sin su consentimiento”.

Correa hizo alusión a las “tomas de sangre a nuestra nación huaorani (de la Amazonia) hace algunos años sin su consentimiento, que han servido para investigaciones científicas”.

Indicó que existen 31 artículos de investigación publicados entre 1980 y 2012 sobre esas muestras de sangre a huaoranis, que ciertos autores están asociados a Harvard y que científicos vinculan a Coriell como “proveedor de la sangre”.

El gobernante anotó que la extracción de sangre se habría dado desde la década de los 70 y que “parece ser que todo esto se realizó en complicidad con una petrolera que operaba en esos territorios, la Maxus”.

Correa manifestó que la sangre fue sometida a “experimentos” debido a que los nativos, que entonces no mantenían contacto con la civilización, son “inmunes a ciertas enfermedades”.

“Van a ser acciones muy difíciles”, expresó el presidente refiriéndose a la posibilidad de presentar demandas en Estados Unidos por el caso, y adelantó: “Empezaremos la lucha; va a ser difícil”.

En agosto de 2012, Correa señaló que su país preparaba una demanda internacional contra Coriell, a la que los indígenas amazónicos acusan de haber comercializado ilegalmente su material genético.

Basada en testimonios de los huaorani, la Defensoría del Pueblo de Ecuador señaló hace dos años que entre 1990 y 1991 dos estadounidenses, entre ellos un médico de Maxus, tomó muestras de sangre a varios de ellos aduciendo que serían usadas para exámenes cuyos resultados nunca entregaron.