Una corte de apelación estadounidense suspendió el martes una nueva ejecución a base de inyección letal prevista en Misuri (centro) ante el riesgo de “intolerable de sufrimiento”, tres semanas después de la larga agonía que vivió un condenado a muerte en Oklahoma.
Russell Bucklew, condenado a muerte por el asesinato de su rival amoroso y la violación de su ex novia, debía morir a las 00H00 locales del miércoles (02H00 de Chile). Sus abogados argumentaron sobre el secreto en torno a la procedencia de los barbitúricos utilizados en las ejecuciones en Estados Unidos.
Bucklew, quien sufre de tumores vasculares en el cuello, causó una espectacular polémica la semana pasada al alegar que el cóctel letal utilizado en Misuri le provocaría la muerte mediante enormes sufrimientos, en violación de la normas legales vigentes.
Por ello, Bucklew pidió formalmente que su ejecución sea filmada, para que la filmación sea utilizada como evidencia de su sufrimiento al momento de la muerte.
Seis horas antes de la ejecución la corte de apelación concluyó que existía “una considerable probabilidad de que Bucklew gane el pleito sobre le hecho de que el procedimiento actual de ejecución (en Misuri) presenta un ‘riesgo objetivamente intolerable de sufrimiento’”, según la corte.
Esta hubiese sido la primera ejecución en Estados Unidos después de la polémica muerte de Clayton Lockett el 29 de abril en Oklahoma tras una larga agonía, lo que reavivó la batalla entre partidarios y opositores a la pena capital en Estados Unidos y despertó fuertes críticas, incluso de la Casa Blanca.
Lockett murió 43 minutos después de que se le inyectara un cóctel letal con drogas que nunca habían sido probadas. Habitualmente los condenados mueren 10 minutos después de la inyección.
Sus abogados dijeron sentirse “profundamente aliviados de que la corte de apelación del octavo circuito haya aplazado la ejecución de Russell Bucklew, quien corría el riesgo considerable de una muerte atroz y prolongada a causa de su estado de salud poco común y grave”, según un comunicado del abogado Cheryl Pilate.
Otra ejecución, prevista la semana pasada en Texas, fue suspendida a último momento por una corte de apelaciones para que se pueda demostrar o no la discapacidad mental del acusado.
“INCOMPATIBILIDAD” CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Más temprano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades estadounidenses suspender la ejecución mientras analiza los argumentos presentados por los abogados de Bucklew.
Los abogados defensores alegan que “el método de ejecución es incompatible con estándares internacionales de derechos humanos”, y que los estados de Misuri y Oklahoma “no han proporcionado información sobre los fármacos utilizados” en las inyecciones letales.
A raíz de la decisión de los fabricantes europeos de negarse a vender el anestésico más común (el pentobarbital) a quienes lo adquieren para ejecuciones humanas, los 32 estados de Estados Unidos que aún aplican la pena de muerte tienen dificultades para hallar barbitúricos.
Es así que recurren a preparados muy controvertidos disponibles en farmacias, pero no homologados por las autoridades federales.
A su vez, los escasos laboratorios que aceptan entregar productos sabiendo que serán utilizados en ejecuciones lo hacen en el mayor secreto, por temor a represalias, y los estados prefieren ocultar su fuente de aprovisionamiento también por miedo a ser objeto de demandas judiciales.
