La Contraloría liberó cinco informes finales correspondientes a las indagatorias a las facultades de Ciencias Sociales, Agronómicas, Arquitectura, Medicina y Derecho de la Universidad de Chile, que fue requerido en septiembre de 2012 por los diputados de la UDI, María José Hoffman, Gonzalo Arenas y Gustavo Hasbún.

Según el informe revelado por El Dínamo, dichas facultades no poseen procedimientos administrativos adecuados, debido al autofinanciamiento por intermedio de las fundaciones.

Incluso en junio del año pasado, en la comisión lucro dos, el Contralor Ramiro Mendoza había advertido que “hay innumerables conflictos de interés” en las universidades de Chile y de Santiago.

El informe detalla, por ejemplo, que el académico Gabino Reginato Meza, contratado con jornada completa y parte del directorio de la fundación vinculada a Ciencias Agronómicas, prestó servicios a la propia facultad a través de la empresa Inversiones y Asesorías Gabino Reginato Limitada, por más de 10 millones de pesos en 2012.

Esta actitud podría transgredir el principio de probidad administrativa, según Contraloría, al igual que otros casos también con cifras millonarias, por lo que pidió la inhabilidad de los directores por falta de imparcialidad.

En la facultad de Derecho encontró irregularidades en el control financiero y el Instituto Politécnico de la Facultad de Medicina habría recibido una subvención de 565 millones de pesos de parte de la fundación sin la rendición de cuentas correspondientes.

Por lo anterior, la División Jurídica del organismo contralor indagará una posible transgresión al principio de probidad.

Para la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda, esto demuestra que no solo existe lucro en las universidades privadas.

En tanto, el diputado de la UDI Gustavo Hasbún calificó de “impresentable” la situación.

Radio Bío Bío tomó contacto con cada una de las facultades en cuestión y la rectoría de la Universidad de Chile. Sin embargo, las autoridades declinaron referirse a la investigación, al reconocer que “existen reparos” y por ello esperan las conclusiones de la Contraloría.