Una querella por los delitos de hurto de información, asociación ilícita y delitos informáticos podría presentar la Asociación Chilena de Municipalidades por la masiva fuga de usuarios del sistema público de salud.

Los primeros antecedentes datan de 2012, año en que los jefes comunales agrupados interpusieron una denuncia ante la Contraloría General de la República, luego de que detectaran movimientos irregulares en bases de datos de usuarios del sistema público de salud.

Uno de los caso ocurrió en La Cisterna, comuna en la que, en apenas 24 horas, cerca de 400 inscritos en este municipio fueron removidos y reubicados en Iquique.

Según denunció el alcalde de esta comuna y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Santiago Rebolledo, esto perjudica la cantidad de dinero percápita que reciben los municipios por parte del Fondo Nacional de Salud, Fonasa, y provoca un desvío de recursos públicos.

Rebolledo culpó al ministro de Salud, Jaime Mañalich, de desatender las denuncias, por lo que anunció la presentación de un requerimiento ante la Contraloría para determinar responsabilidades.

El presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, Esteban Maturana, calificó como “extraño” que ningún municipio supuestamente afectado se manifestara cuando se produjo la fuga de usuarios.

Desde el Congreso, la diputada de Amplitud e integrante de la comisión de Salud de la Cámara, Karla Rubilar, aseveró que el actual sistema de entrega de dineros percápita lleva a los municipios a competir entre sí para captar inscritos, contratando, incluso, empresas para realizar el proceso.

Una de las comunas más afectada con la llamada “fuga de usuarios” es Quinta Normal, la que perdió cerca de 6 mil personas inscritas.