A un mes que la Alianza abandone el palacio de La Moneda, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sorprendió con el anuncio del proyecto de ley que busca crear una institucionalidad permanente para reajustar anualmente el ingreso mínimo.

El secretario de Estado adelantó que la propuesta contempla a un comité compuesto por 8 expertos que determinarán el salario básico, previo envío de un informe a la cartera de Hacienda y a las comisiones del sector del Congreso.

El diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini, indicó que el anuncio es bastante “tardío” y será la próxima administración la que promueva y perfeccione el texto.

Carlos Montes, diputado socialista integrante del mismo comité parlamentario, junto con advertir el carácter que a su juicio debe tener esta discusión, cuestionó la tardanza del Ejecutivo por abordar el tema.

Desde la misma comisión el diputado UDI, Carlos Recondo, puntualizó que una institucionalidad permanente para fijar el salario mínimo no es un tema para resolver en el corto plazo.

Rafael Cumsille, presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Conapyme, advirtió que un elemento central en el debate sobre el ingreso mínimo es la participación de los actores involucrados.

Nolberto Díaz, presidente subrogante de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, rechazó el eventual envío de este proyecto, el que calificó como una “nueva ley de amarre” de la administración de Sebastián Piñera.

Díaz se mostró optimista en la que próxima administración promueva una discusión legislativa sobre una institucionalidad permanente, pese a que la evaluación del anterior mandato de Michelle Bachelet no es de las mejores.