El beneficio favoreció a cinco de los 12 imputados por el caso tragamonedas, por el delito de explotación ilegal de juegos de azar, iniciada en enero del 2013 y que en julio tuvo como hito la incautación de manera simultanea de más de 200 máquinas tragamonedas de locales del centro de Valdivia, con apoyo de la PDI y presencia del SII.
El Ministerio Público ofreció la suspensión condicional del procedimiento penal a quienes se comportaron de forma irreprochable y estaban dispuestos a aceptar ciertas condiciones, como la destrucción de sus máquinas, entregar el dinero recaudado en ellas a Bomberos y pagar el 30% de una Unidad Tributaria Anual, como lo confirmó la abogada particular de los comerciantes favorecidos, Doris Valenzuela.
Si bien habían dos imputados más que podían acceder a este beneficio, no se acogieron a él aduciendo de que no podían destruir sus máquinas tragamonedas.
En cuanto a los restantes, la investigación penal continúa en su contra por el delito de explotación ilegal de juegos de azar, además del delito especial de comercio clandestino.
