El Serviu presentó una demanda contra ocho familias de Dichato por arrendar sus viviendas sociales durante el verano podrían verse obligadas a devolver el dinero del subsidio habitacional. Las familias damnificadas del 27F se defienden e incluso anuncian movilizaciones.
Hasta más de 16 millones de pesos podrían pagar las ocho familias de Dichato que fueron demandadas por el Serviu por hacer mal uso de sus viviendas sociales y arrendarlas a turistas durante este verano.
Se trata de damnificados del terremoto que viven en la Villa Horizonte y la población Paula Jara Quemada de la localidad tomecina.
El director regional del Serviu, Francisco Merino, presentó la demanda en el Juzgado de Letras de Tomé.
Tras esta acción el tribunal podría ordenar a las familias a devolver los subsidios habitacionales, cuyos montos fluctúan entre las 550 y 700 UF.
Insisten en que están cometiendo un delito, ya que por cinco años tienen prohibición de arrendar sus casas.
Ximena Tapia , vive en la Villa Horizonte y es una de las personas incluidas en la demanda del Serviu. Ella se defiende y los demás vecinos insisten en que arriendan sus casas en busca de un ingreso extra, para paliar la difícil situación económica que enfrentan.
30 mil pesos diarios es lo que cobran en promedio por los arriendos y pese a las acciones legales, los vecinos seguirán con estas prácticas e instalándose con carteles al ingreso de Dichato en busca de turistas.
Ximena Toledo, presidenta de la junta de vecinos de la Villa Horizonte, dijo que saldrán a la calle.
En el Serviu informaron que en total serían 46 las familias damnificadas del 27F, las que estarían arrendando las viviendas sociales, de no llegar a acuerdo con los vecinos, la próxima semana presentarán una nueva demanda.
