Durante el mediodía del jueves arribó hasta el campamento de Pascua Lama la delegación del Segundo Tribunal Ambiental, que busca revisar las instalaciones del proyecto minero, ubicado en la cordillera de la comuna de Alto del Carmen, al sur de la Región de Atacama.

El equipo es encabezado por el ministro del Segundo Tribunal Ambiental, Sebastián Valdés de Ferrari, junto al secretario del Tribunal y experto científico, Ricardo Serrano Rojas, además de dos representantes de los reclamantes: Sebastián Cruz y John Melendez, integrantes de la comunidad diaguita Patay co.

Esta medida se enmarca dentro de un proceso iniciado por comunidades locales en contra de Barrick Gold, respecto a la sanción que ejecutó este año la Superintendencia de Medioambiente (SMA) por incumplimientos medioambientales.

Entre las faltas halladas, hay una gravísima y otras cuatro graves. La más importante es la referida al no cumplimiento de un cierre perimetral de canales del sistema de manejo de aguas de contacto, contemplado en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.

A lo anterior, se sumó la destrucción de media hectárea de humedales en la naciente del río Huasco, sumando en total 23 faltas de diversa consideración. Sobre este punto, el abogado Alvaro Toro, que es uno de los demandantes, conversó con Radio Bío Bío de Copiapó.

Junto con ello, los querellantes buscan demostrar que los aludes que se registraron el verano pasado en este sector, fueron a consecuencia de trabajos de la compañía canadiense, y no como lo indicó Barrick y la SMA, por razones ajenas, explicó Toro.

En esa ocasión, la empresa se exponía a una multa de US$230 millones si es que se hubiera sancionado con la máxima multa a las 23 faltas sancionadas. Sin embargo, esto no ocurrió, puesto que algunas sanciones eran menos graves que otras. Ante ello, la Superintendencia determinó que la minera canadiense debía pagar sólo cerca de US$16,4 millones.

No obstante a ello, Barrick canceló finalmente US$11,6 millones por el beneficio legal de reducción del 25%, por pagar antes de los cinco días hábiles desde la notificación de la multa.