De una manera cada vez más evidente, los políticos se empeñan en politizar la justicia.
El último es el gallito entre gobierno y oposición por la designación de un nuevo miembro de la Corte Suprema a partir de la quina entregada por el máximo tribunal.
El gobierno está postulando al juez Carlos Aránguiz, actual titular de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Su nombre debe ser aprobado por el Senado. Aránguiz necesita los dos tercios del Senado, o sea 25 votos.
Pero la oposición ya ha advertido que rechazará esa nominación, porque estima que la Alianza y el gobierno no están cumpliendo su palabra, que sería el compromiso de consensuar los nombramientos en el Poder Judicial.
La actual oposición dice que cuando se allanaron en nombrar la jueza Gloria Ana Chevesich para la Corte Suprema, que les causaba irritación por haber llevado el caso Mop-Gate, había quedado establecido el compromiso que la próxima nominación tomara en cuenta la opinión de la Nueva Mayoría.
El magistrado Carlos Cerda es el nombre que hoy propone la oposición. Pero en la Alianza, Cerda es cuestionado porque investigó los “Pinocheques”, las platas del dictador Augusto Pinochet en el Banco Riggs y numerosos casos de violaciones a los derechos humanos donde condenó a represores de la dictadura.
Y así es como estamos. Los dos bloques cerrados en sus posiciones, muñequeando la designación de los jueces de la Corte Suprema por prejuicios políticos. Así es la la justicia a la que contaminan políticamente.
