Una orden categórica y perentoria decretó la Corte Suprema para el cumplimiento de una sentencia que el año pasado ordenó la reincorporación de cuatro alumnas expulsada del Inmaculada Concepción. El máximo tribunal instruyó para que un ministro de la Corte de Apelaciones penquista se constituya en el colegio y verifique la matrícula en el caso de la hija del apoderado Miguel Palacios.
Se trata de una de cinco medidas que dictó la Corte Suprema en una resolución que a todas luces puede interpretarse como un llamado de atención a los ministros que tramitaron los recursos de protección cuyos fallos se han mantenido sin cumplir por casi un año.
El apoderado Miguel Palacios saludó el pronunciamiento del máximo tribunal, pero criticó que la orden para ejecutar la sentencia sobre la matrícula de su hija proviniera de Santiago.
La forma y rapidez con que se va a llevar adelante el cumplimiento de la resolución de la Suprema, fue explicada por el abogado Pablo Muñoz.
En el pronunciamiento de la Corte Suprema, se reconoce que la demora en cumplir con la matrícula de la ex alumna se tradujo en un daño irreparable, por lo que Miguel Palacios evalúa acciones legales.
Además del apersonamiento de un ministro en el Inmaculada Concepción, la Suprema instruyó para que se envíen los antecedentes del recurso de protección al Ministerio Público, de manera de investigar el posible ilícito de desacato por parte de las monjas sostenedoras del establecimiento educacional.
Una tercera y cuarta medidas apuntan al abogado del colegio, Felipe Quilodrán Slater, a quien la Corte Suprema pide investigar tanto a nivel de la Corte de Apelaciones como del Colegio de Abogados, por el carácter irónico y dilatorio de las actuaciones durante la tramitación del recurso de protección, lo que podría constituir una posible falta de respecto, subraya la Sala Constitucional del máximo tribunal del país.
Desde el Colegio de Abogados penquista se pronunció su presidente Jorge Cáceres.
Se sabe que Quilodrán tiene efectivamente la calidad de colegiado, por lo que se expone a ser investigado y sancionado por sus pares.
La quinta medida de la Corte Suprema, en tanto, ordena que se les remita copia del recurso de protección de Miguel Palacios tramitado por los ministros Juan Rubilar y Jaime Solís Pino, además del abogado integrante Mauricio Ortiz. Los antecedentes serán analizados por el Pleno de la Corte Suprema, antes de evaluar una posible medida disciplinaria en caso de determinar faltas administrativas de los jueces.
Claramente hay dudas del máximo tribunal sobre el buen trabajo de los ministros que intervinieron en la causa, quienes tuvieron que esperar que su superior jerárquico les recordara las facultades que tienen para hacer cumplir las sentencias que dicta la justicia.
