El presidente Evo Morales dijo este jueves que Bolivia está abierta a una auditoría internacional a los resultados del Censo de 2012, recientemente difundidos, tras reclamos de la oposición por la diferencia de datos oficiales sobre población.

“Qué mejor que venga una auditoría de la comunidad internacional, para verificar, no hay nada que ocultar”, afirmó Morales en un acto público en el sureste del país, ante quejas de opositores que afirman que los datos erróneos afectarán la distribución de escaños en el Parlamento y de fondos económicos públicos para las regiones.

El poderoso gobernador opositor del departamento de Santa Cruz (este), Rubén Costas, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y partidos opositores protestaron por las informaciones oficiales que dio el gobierno sobre el Censo de noviembre de 2012.

El propio Morales adelantó en enero pasado que la población de Bolivia era de 10.389.903. Luego, a fines de julio pasado, el gobierno dio los datos finales y aseguró que el total de habitantes era menor, 10.027.254.

Morales admitió este jueves que “pueden haber errores siempre, se presentan, yo decía y es mi experiencia, los errores son las mejores lecciones para aprender para todo en la vida, de errores se aprende mejor todavía”.

La polémica se centra en que las regiones obtienen escaños y recursos, provenientes de la renta petrolera, de acuerdo a su población, y en el Censo ciudades opositoras electoralmente a Morales (quien va a la reelección el próximo año) como Santa Cruz, Cochabamba (centro) y La Paz, han aparecido con menor población.

“Estamos hablando al menos de 50 millones de bolivianos (7,2 millones de dólares) menos para obras el próximo año”, protestó el alcalde Revilla de La Paz.

El gobernador Costas de Santa Cruz aseveró que “el Censo le ha robado el futuro a más de 350.000 bolivianos, nos ha recortado el futuro colectivamente” y anunció que su gobernación hará una nueva encuesta propia.

La diputada del opositor Movimiento Sin Miedo Marcela Revollo aseveró por separado que se necesita “una auditoría del Censo con participación de expertos nacionales”.