Una drástica recomendación realizó la comisión externa que revisó el cuestionado Censo 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cuyos resultados están en tela de juicio tras las denuncias de funcionarios de la misma entidad, sobre presunta manipulación de datos, polémica que derivó en la renuncia del ex director, Francisco Labbé
Los consultores solicitaron repetir la medición sobre población y vivienda de manera abreviada para el 2015. Según la comisión externa, un 9,3% de la población fue omitido en el último Censo, que tuvo un costo de 16.700 millones de pesos.
De acuerdo a lo sugerido por la comisión, el nuevo Censo debe ser aplicado de manera abreviada para recolectar una información mínima que permita proveer los datos necesarios, con un menor número de preguntas que las incluidas en el cuestionario 2012.
Además, se sugiere realizar esta toma de datos sólo durante un día que deberá ser declarado feriado, a diferencia de la anterior medición donde el proceso duró tres meses.
Otra de las recomendaciones es no utilizar los datos levantados en el Censo 2012 para efecto de políticas públicas, pidiendo hacer uso de los números del Censo 2002. Por otro lado, se pide ir trabajando en la aplicación del Censo 2022 para lo cual se requiere dotar de mayores recursos al INE, junto con la autonomía necesaria para ejecutar la medición.
Recordemos que el grupo de expertos lo integran los profesionales Isabel Millán, del Ministerio de Desarrollo Social; Felipe Zamorano, del Ministerio de Vivienda; Magda Ruiz, del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE); David Bravo, del Centro de Microdatos y Osvaldo Larrañaga, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Este último, se refirió a los resultados del documento que contiene un diagnóstico del proceso censal y señaló que a juicio de la instancia, el catastro “adolece de serios problemas en aspectos que son esenciales para el cumplimiento de sus objetivos”.
En este sentido, Larrañaga explicó que, en primer lugar, el problema principal es que “la tasa de omisión poblacional, es decir, el porcentaje de personas no censadas alcanza el 9,3%” especificando que este porcentaje es tres veces superior a los obtenidos en censos recientes en otros países de la región.
En segundo lugar, Larrañaga indicó que “la tasa de omisión de 9,3% es un promedio nacional, pero afecta con más fuerza a un conjunto de comunas y a un conjunto de personas, según nuestras estimaciones, una quinta parte de las comunas, tendría un porcentaje de omisión superior a un 20%”.
La Comisión concluyó que, debido a la confluencia de diversos factores, el proceso censal “resultó plagado de problemas y dificultades que, a juicio de distintos entrevistados, pudieron haber originado un desastre en el Censo”.
En este sentido, añadió que “en este contexto, que se haya llegado a una cobertura poblacional cercana al 90% se puede explicar por el trabajo y dedicación de muchos funcionarios del INE”.
