La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, recomendó extraditar al ex juez argentino Otilio Romano, acusado en su país de amparar delitos de lesa humanidad durante la dictadura argentina (1976-1983).
El informe de Maldonado no es vinculante, pero es un paso obligado antes de la decisión sobre el caso que debe tomar el juez titular de la causa, Sergio Muñoz.
Según la fiscal Maldonado “hay presunciones fundadas de su participación en los hechos”, a pesar de que el ex magistrado ha rechazado los cargos y acusa “persecución política” en su contra.
En nuestro país, para acceder a la extradición es suficiente acreditar las “presunciones” de participación del requerido, y no lo es entrar al fondo de la causa.
Romano fue destituido de su cargo tras ser acusado como “partícipe primario” en 103 casos de violaciones de los derechos humanos durante el último régimen militar argentino, cuando se desempeñó como fiscal federal en la provincia de Mendoza.
Un día antes de su destitución, el 24 de agosto de 2011, Romano huyó a Chile donde recibió un visado especial de ocho meses e ingresó una solicitud de refugio político.
El gobierno chileno rechazó en mayo de 2012 otorgarle refugio político, al estimar que “no estaban los elementos para señalar su calidad de perseguido político”. Por ahora sigue su curso el pedido de extradición planteado por el gobierno argentino.
