Legisladores de la oposición argentina acordaron este jueves organizar la presentación de amparos en tribunales de los 24 distritos del país contra una ley aprobada el miércoles por el Congreso, que establece el voto popular para elegir los miembros de un organismo judicial que designa y remueve jueces.

En una reunión de legisladores opositores, la diputada Patricia Bullrich (centroderecha) propuso que “el día que el Poder Ejecutivo promulgue la ley se presenten amparos en todo el país” para lograr que la norma legal sea declarada inconstitucional.

La ley votada la noche del miércoles por el Senado con la mayoría del gobernante peronismo, determina elevar de 13 a 19 los integrantes del Consejo de la Magistratura e introduce el voto popular para designar a 12 de ellos (tres jueces, tres abogados y seis académicos).

La oposición cuestiona que la norma fije que los candidatos a ocupar puestos en la Magistratura estén incluidos en las listas partidarias de las elecciones regulares porque, según dijeron, ello significa “una partidización de la justicia”.

También critican que la norma obliga a los partidos a presentar listas bajo el mismo nombre en al menos 18 distritos (de 24 en total) para participar de la elección de consejeros, un requisito que sólo cumple el oficialismo con el nombre Frente para la Victoria, mientras que otros partidos lo hacen con diferente denominación para poder conformar alianzas de tipo electoral.

Juan Pablo Tunessi, de la Unión Cívica Radical (segunda fuerza legislativa) apoyó la idea de que haya “24 distritos del país donde se presenten amparos impugnando la ley al unísono”.

El gobierno de Cristina Fernández, que cuenta con mayoría en el Congreso, ya logró que se aprueben cinco de seis leyes de un paquete que denominó “democratización de la justicia”.

Una de ellas limita a seis meses la duración de las medidas cautelares, prorrogables por otros seis, después de que Clarín se acogiera a este recurso en 2009 en rechazo de una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales que obligaría al más fuerte grupo argentino del sector a desprenderse de licencias de radio y televisión.