En un hecho jurídico inédito en la región del Bío Bío, la Fiscalía de Chillán formalizó investigación en contra de una empresa, acusándola de no prevenir los delitos de soborno y fraude al fisco que se imputan a sus directivos.

Se trata de cargos por el incumplimiento en los deberes de dirección y supervisión para prevenir la comisión de delitos de soborno y fraude al fisco, que enfrentan Carlo Maggi Fernández y Sergio Schmith Hernández, representante legal y administrador, respectivamente, de Áridos Maggi Ltda.

La investigación dirigida por la fiscal Patricia Suazo comenzó el año pasado, luego que la dirección regional de Vialidad denunciara irregularidades en la ejecución de un contrato entre dicho organismo y la empresa de áridos, para el suministro de material chancado destinado a la construcción de un camino en la comuna de Bulnes.

En febrero pasado la Fiscalía levantó cargos por cohecho y fraude al fisco contra dos funcionarios de Vialidad, identificados como Roberto Valdenegro Chandía y Ricardo Eadez Delgado. Paralelamente, el Ministerio Público imputó a los ejecutivos de la empresa por soborno y defraudación al fisco.

Durante este lunes, y en una arista relacionada con la misma causa, la fiscal Suazo formalizó a Áridos Maggi Ltda, de acuerdo a lo contemplado en la ley 20.393, vigente desde 2009, y que establece la responsabilidad penal de personas jurídicas en los delitos de cohecho, financiamiento al terrorismo y lavado de activos.

De esta forma, comparecieron al Juzgado de Garantía de Chillán los representantes legales de la empresa, Ernesto Maggi Pizarro y Carlo Maggi Fernández, quienes fueron informados que se investiga a Áridos Maggi por no adoptar medidas para prevenir la comisión de delitos de soborno.

“Las sanciones a que se expone una persona jurídica en caso de ser condenada, van desde multas, prohibiciones de establecer contratos, pérdida de beneficios fiscales e incluso la cancelación de la personalidad jurídica”, explicó la fiscal Suazo.

Este caso es el segundo en el país en que la Fiscalía formaliza a una persona jurídica. La primera ocasión fue en el contexto de la indagatoria por delitos de corrupción pública que involucraban a funcionarios de la Municipalidad de Arica.

Los ilícitos

Áridos Maggi se había adjudicado el suministro de 6 mil metros cúbicos de material chancado para una obra en un camino de Bulnes, encargada por Vialidad, y recibió por este producto el pago de 28 millones 452 mil 900 pesos.

Según lo establecido por la Fiscalía, Sergio Schmith le ofreció al inspector en terreno de Vialidad, Ricardo Eadez, el pago de 6 millones 3 mil pesos para que no informara que las cantidades de material chancado que se recibían eran menores a las que aparecían en las guías de despacho.

El Ministerio Público sostiene que el funcionario público aceptó el soborno, lo que se tradujo también en que, en vez de recepcionar efectivamente 6 mil metros cúbicos, se recibieran en terreno sólo 3 mil 365 metros cúbicos, causando un perjuicio de 12 millones 495 mil 565 pesos para la Dirección de Vialidad.

Asimismo, la Fiscalía señala que Ricardo Eadez solicitó a Sergio Schmith la suma de 300 mil pesos para entregarlos al laboratorista de Vialidad en la provincia de Ñuble, Roberto Valdenegro, para entregar prontamente un informe con conclusiones favorables para la empresa de áridos.