El Consejo de Rectores evitó referirse en particular a la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación, asegurando que la presentación es parte de las atribuciones que tienen los parlamentarios. El presidente de la Fech en tanto, llamó a los diputados de la Concertación a apoyar la iniciativa y a no aprobar la ley de Superintendencia de Educación Superior, para terminar con el lucro.
Sin querer acrecentar la diferencias que mantienen con el ministro de Educación, el rector de la Universidad de Santiago y Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, evitó realizar un juicio de valor por la acusación constitucional que pesa en contra de Harald Beyer, poniendo el foco en el tema de fondo que motivó la iniciativa parlamentaria y que tiene que ver con el lucro en la Educación Superior.
De esta forma, Zolezzi criticó el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, la que ayer fue aprobada en general por el senado, y que es parte de las iniciativas que el gobierno ha impulsado para mejorar la calidad y fiscalización. Según el rector de la Usach, la superintendencia no hará más que validar el lucro.
En ese mismo tenor, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, negó que los proyectos que ha enviado el ejecutivo busquen acabar con el lucro en la educación superior, y envió un mensaje a los parlamentarios de la Concertación respecto de la acusación constitucional en contra del ministro Beyer.
El ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso, por su parte, aseguró que la acusación en contra del ministro está más que justificada, asegurando que se hace urgente cambiar la legislación respecto del lucro en la educación superior, para evitar un descalabro mayor, si es que la investigación que lleva adelante la fiscalía terminan con otras universidades cerradas.
En ese sentido, Basso propone tipificar que se entiende por lucro en las universidades, sancionar efectivamente a los dueños cuando violen la normativa y no cerrar las universidades, y eliminar las transacciones entre empresas relacionadas y que el proyecto de superintendencia que está en el Congreso buscar regular.
