239 personas han sido denunciadas ante la justicia por tener sus viviendas adquiridas por medio de subsidios vacías o arrendadas, según confirmó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, situación que involucraría a nueve regiones del país.
Estas acciones legales buscan restituir el valor del subsidio o acreditar fraude al Fisco mediante la adulteración o falsificación de información, o documentos durante el proceso de postulación.
“Es inaceptable que se lucre con viviendas sociales que se entregaron a familias que alegaron urgencia habitacional, cuando 150 mil familias en el país esperan tener una casa. Instruimos a los Serviu del país a redoblar la fiscalización y a presentar todas las acciones legales necesarias que nos permitan recuperar las viviendas o el monto del subsidio”, dijo el ministro Pérez.
El secretario de Estado explicó que toda persona que postula a un subsidio declara que lo hace porque se encuentra en estado de vulnerabilidad, por lo que la ley lo obliga a ocupar personalmente el inmueble por un plazo mínimo de 5 años.
De este modo, el Ministro instruyó a los Serviu a presentar demandas civiles en contra de quienes hayan vulnerado estas restricciones y querellas criminales por presunto fraude al Fisco ante la presunta adulteración de la Ficha de Protección Social o cualquier otro antecedente.
Asimismo, llamó a fiscalizar en forma permanente el uso de las viviendas y encargó un estudio nacional sobre la desocupación de vivienda.
El Minvu ha presentado 74 demandas civiles y cinco denuncias por presunto fraude al Fisco en las regiones de Arica y Parinacota (6), Coquimbo (17), Valparaíso (11), Metropolitana (1), Maule (10), Bío Bío (7), Araucanía (2), Los Lagos (20) y Magallanes (1).
Cabe destacar que esto ocurre luego que el pasado viernes, en un inédito fallo de primera instancia del Juzgado de Letras de la Ligua, obligara a una mujer devolver el subsidio de $11,5 millones por tener su casa social arrendada.
