Rosario Carvajal es del Barrio Yungay y pertenece al Movimiento por una Reconstrucción Justa que agrupa a los damnificados del terremoto. Es una dirigenta social activa, decidida y con sus puntos de vista claros. Es incansable y perseverante, hasta el cansancio para algunos.
Más allá de las distintas valoraciones que se puedan hacer de ella, tiene muchos puntos a su favor. Rosario fue el motor para que se declarara Zona Típica, por parte del Consejo de Monumebntos Nacionales, el Barrio Yungay, que disputa con el casco histórico de La Serena ser la más grande de Chile. También fue central para evitar demoliciones ilegales e injustificadas después del terremoto de 2010.
A tres años del terremoto, entrevistamos a Rosario Carvajal.
- A tres años del terremoto, ¿cuál es la situación actual del Barrio Yungay en relación al patrimonio y la reconstrucción?
- La reconstrucción es un fraude en todas las zonas afectadas, también en el Barrio Yungay, que fue una de las zonas típicas más afectadas de la Región Metropolitana. Nosotros en aquella época, como organización ciudadana, evaluamos 450 inmueble; 90 de ellos eran casos graves. De esos casos, algunos accedieron a subsidios de entre 3 y 5 millones de pesos, que eran insuficientes para la realidad de los inmuebles patrimoniales. Muchos de ellos son de dos pisos, entre 400 y 600 metros cuadrados.
Jamás el Ministerio de Vivienda creó instrumentos nuevos apropiados para zonas patrimoniales y con inmuebles de estas características. A esto se suma que no existe una política pública en el ámbito patrimonial, lo que ha dificultado todo el proceso de reconstrucción. Por ejemplo, en Chile no existe normativa del adobe, no está reconocido por la Ley de Urbanismo y Construcción. Todo eso fue obstaculizando los procesos de reconstrucción.
- ¿Cuál es la situación actual?
- Tenemos casos graves, demoliciones que ya se cursaron. También hemos visto procesos de especulación inmobiliaria, empresas que se aprovecharon de los daños del terremoto, elaboraron informes falsos de daños estructurales y lamentablemente el Consejo de Monumentos Nacionales avaló esos informes que están viciados. Entones estamos en una situación donde este territorio está sujeto a mucha vulneración de derechos, de especulación inmobiliaria, de expulsión de los vecinos más pobres, especialmente familias de migrantes, y otras familias que han resistido condiciones adversas, que ha dañado su calidad de vida; su vida se pone en riesgo porque no tienen alternativa de dejar su casa y conviven con muros desplomados, con viviendas que están en muy mal estado.
- ¿Qué gestiones han realizado hasta el momento?
- Tuvimos una audiencia con la alcaldesa Carolina Tohá, donde reforzó su compromiso con esta situación porque ella conoció estos casos. Estamos evaluando los costos de los casos pendientes y estamos solicitando los recursos. Además, hemos solicitado una co-gestión con la Escuela de Artes y Oficios Fermín Vivaceta, que surgió después del terremoto como una iniciativa ciudadana para recuperar los oficios tradicionales en el adobe, yesería, albañilería, sistema constructivos de tierra, todos oficios que son fundamentales para recuperar el patrimonio del Barrio Yungay.
Hemos formado cerca de 180 personas entre dueñas de casas, trabajadores y profesionales para aprender cómo se deben recuperar estos inmuebles. Muchas de las iniciativas que se llevaron a cabo post terremoto de la Municipalidad terminaron utilizando cemento en casas de adobe y les hicieron un daño irreparable a los inmuebles que significó un desperdicio de recursos públicos.
Esas situaciones analizamos con la alcaldesa; hay que tomar resoluciones antes del cuarto invierno porque las casas de adobe son más vulnerables a la lluvia y la humedad. Entonces, si no tomamos medidas de aquí a abril, se agravará la situación de los inmuebles.
-Es decir, han existido sólo iniciativas particulares, ¿han realizado gestiones con el gobierno?
- En un primer momento fuimos recibidos por el ministro y el encargado de reconstrucción, Pablo Allard, por ejemplo. Sin embargo, este gobierno se ha caracterizado por una rotativa permanente de seremis, de encargados de reconstrucción y eso ha dificultado aún más todas estas labores, porque lográbamos convencer y llegar a acuerdo con algunas autoridades, pero después dejaban sus puestos de trabajo y eso nos jugó mucho en contra. Recuerdo que en la Región del Maule, por lo menos, hubo siete seremis de vivienda.
Ese recambio perjudicó los procesos bastante burocráticos de reconstrucción. En general, lo que hablamos con el Movimiento por una Reconstrucción Justa (MNRJ), este gobierno presentó cifras de alrededor de un 92%, y según lo que hemos constatado con nuestras organizaciones, la reconstrucción iría en un 44%. Entonces este gobierno ha maquillado y ha hecho oídos sordos a nuestras propuestas. Desde el primer año hemos sido muy serios como organizaciones en presentarle cuales eran las vías de solución.
Lamentablemente, esta tragedia fue una gran oportunidad para los inversionistas, para el capital inmobiliario, para la especulación en nuestros territorios. Estamos viviendo la expulsión de los bordes costeros de centros históricos, donde hay una alta plusvalía y los habitantes serán despojados y reubicados en la periferia de la ciudad. Vemos como el gobierno no está pensando en el bien común está más bien pensando en el beneficio de inversionistas y de sectores inmobiliarios.
