Que se investigue el vínculo entre el Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, con la Universidad Autónoma de Chile, de la que sería propietario en un 10%, fue el requerimiento de los dirigentes de la Confederación Nacional de Estudiantes, Confech, en la Contraloría General de la República. Los dirigentes pidieron, además, la renuncia del Jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte, por ser un agente directo de los últimos escándalos en procesos de acreditación.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, y el de la Universidad Católica, Diego Vela, solicitaron a la Contraloría que investigue el vínculo entre el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, con la Universidad Autónoma de Chile.

El documento presentado por los dirigentes señala que en la declaración de interés, realizada por el secretario de Estado en julio de 2011, se reconoce que colabora con la institución de educación superior en la cual ejerció como rector hasta asumir la cartera ministerial, período en que se acreditó dicha casa de estudios.

Además, en su declaración de patrimonio, del 28 de julio de 2011, se cita que el ministro es dueño del 10% de la inmobiliaria Gaudí Sociedad Anónima, en la cual también participaría el padre de Ribera.

Filbaum señaló que hay un claro indicio de que Ribera podría haber lucrado utilizando una conocida maniobra de las universidades privadas.

El dirigente estudiantil hizo un llamado al ministro de Educación, Harald Beyer, a que no siga haciendo “vista gorda” a las denuncias, y que comience por pedir la renuncia del jefe de la División de Educación Superior del Ministerio, Juan José Ugarte.

El presidente de la FEUC, Diego Vela, señaló que el tema de fondo en esta situación es que el Gobierno debe hacerse cargo para terminar con este tipo de prácticas.

En el texto, entregado en la Contraloría, se cita el libro de la periodita María Olivia Monckeberg “El negocio de las universidades en Chile”, donde se señala que dicha sociedad inmobiliaria, fundada por Teodoro Ribera Neuman, es dueña del inmobiliario de la Universidad Autónoma y se utilizaría con la finalidad ilícita de perseguir fines lucrativos en una actividad que, por definición legal, está prohibida .