Tras dos años de interpuesta la apelación al fallo de primera instancia, la Corte de Concepción resolvió ahora que el recurso sobre el escándalo Inversiones Bilbao deberá ser tramitado por el tribunal de alzada de Chillán. La medida fue decretada luego de determinarse que no hay ministros penquistas habilitados para pronunciarse en la causa abierta en 1997.

En 2010, al cumplirse 13 años desde la apertura de la investigación, el ministro en visita César Panés resolvió condenar a 4 años de cárcel -por el delito de estafa- a Carlos Worner, gerente de la inmobiliaria a la que los beneficiados transfirieron 4 millones de dólares para la fallida construcción de sus viviendas.

Desde entonces la inhabilidad de los ministros penquistas ha impedido la revisión de la apelación al fallo, incluso enviándose la causa a la Corte de Chillán. Sin embargo, con el nombramiento de nuevos jueces en Concepción, el proceso regresó a esta Corte.

Sin embargo, ahora la Presidencia del tribunal de alzada de Concepción determinó que sólo una magistrada, Raquel Lermanda, está habilitada, lo que es insuficiente para proceder a resolver el recurso de apelación de Worner y el Consejo de Defensa del Estado, el primero para revertir la sentencia y el segundo para confirmarla.

El abogado Mario Sandaña, quien representaba al socio de la inmobiliaria Inversiones Bilbao, expresó su tranquilidad con la decisión de la Corte penquista, y anunció que concurrirá a Chillán para representar no sólo a Marco Antonio Sepúlveda.

Ricardo Orellana, defensa del ex director del Serviu procesado y ahora absuelto en el delito de malversación de caudales públicos, Ignacio Soler, no quiso criticar la demora en la tramitación de la apelación, expresando que espera que pronto su cliente quede libre definitivamente de todos los cargos.

El optimismo en una rápida vista del caso en Chillán radica en que como el expediente ya fue estudiado por un relator de la Corte de Ñuble, pronto el recurso de apelación podría ser puesto en tabla.