El Vaticano abrirá el lunes un juicio al informático Claudio Sciarpelletti, acusado de complicidad con el ex mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, en la filtración de documentos confidenciales del pontífice a la prensa, mejor conocido como el escándalo de “Vatileaks”.

Sciarpelletti, de 48 años, que trabajaba para la Secretaría de Estado, gobierno central de la Santa Sede, será juzgado por “receptación” por la autoridad judicial del Vaticano.

Sin embargo, las autoridades eclesiásticas consideran que su papel ha sido “marginal” en el escándalo, según adelantó el vocero de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi.

Pese a que el Vaticano minimiza su papel, el juicio podría aportar elementos sobre las verdaderas razones que llevaron al mayordomo de Benedicto XVI a traicionar su confianza y si ha sido manipulado por sectores internos o externos a la curia romana.

El juicio al ex mayordomo papal, condenado en octubre a 18 meses de cárcel por “robo agravado”, no llegó a abordar esos aspectos y dejó más interrogantes que certezas.

Durante la primera audiencia del juicio, el pasado sábado 29 de septiembre, los jueces establecieron que el papel de Sciarpelletti había sido marginal ya que se había limitado a transportar o conservar sobres cuyo contenido no estaba ni siquiera clasificado.

El juez-presidente, Giuseppe Dalla Torre, ordenó ese mismo día separar el caso de Sciarpelletti del de Gabriele y celebrar un segundo juicio, el cual se abrirá el lunes.

Gabriele ha sido convocado como testigo y hay muchas expectativas sobre su deposición.

Conocido como “Paoletto”, el ex mayordomo del Papa trabajaba en el apartamento papal desde 2006, tras haber estado al servicio del prefecto de la Casa Pontificia, James Harvey, recién designado cardenal.

El mayordomo formaba parte de la llamada “Familia pontificia” y era considerado además como un hijo por Benedicto XVI, quien podría decidir otorgarle la gracia.

Sciarpeletti, un laico experto en informática, cuyo nombre irrumpió en agosto sorpresivamente en el caso, fue involucrado tras el descubrimiento en un cajón de su escritorio de un sobre de tamaño mediano color blanco, cerrado, con el sello azul de la secretaría de Estado, y en el que se leía “personal P. Gabriele”.

El sobre contenía fotocopias y documentos confidenciales que fueron publicados en el libro “Su Santidad”, del periodista italiano Gianluigi Nuzzi, donde quedan al descubierto las rivalidades y la animosidad entre los miembros de la Curia, especialmente contra el número dos del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone.

Sciarpelletti, que fue detenido en mayo por un solo día, se contradijo en los diferentes interrogatorios a los que fue sometido y sostiene que el sobre se lo entregó Gabriele para que le diera un “parecer” sobre su contenido, pero que al final se le olvidó, por lo que ni siquiera llegó a abrirlo.

Gabriele confirmó que había entregado el sobre al informático porque le interesaba saber su opinión sobre tales documentos.

Según algunas versiones de prensa, el sobre contenía material contra personalidades de la Santa Sede y un informe con el título “Napoleón en el Vaticano”, que publicó Nuzzi en el libro.

Las versiones sobre la relación que mantenían los dos funcionarios han sido contradictorias y si para uno se trataba de una simple amistad, para el otro era un colega de trabajo, aunque las familias se conocían y solían salir juntas.

La fiscalía vaticana resolvió por lo tanto acusarlo de complicidad.

El informático, que no asistió al juicio contra Gabriele, negó toda complicidad y se declara inocente.

Su abogado subrayó que no ha intentado desviar las investigaciones ni cubierto a Gabriele y que él mismo señaló al mayordomo como posible autor de las filtraciones.

Presentados como una apertura del Vaticano, los juicios públicos e inéditos resultan una manera de limitar los daños a la imagen de la jerarquía de la Iglesia católica, desacreditada por los escándalos y luchas internas por el poder.

Para la Secretaría de Estado la sentencia contra Gabriele “pone punto final a un asunto doloroso” e inclusive antes del fallo resaltó que las investigaciones han demostrado que “no existe algún complot” contra el Papa y sus asistentes.

No obstante, un informe interno elaborado por tres cardenales y entregado al Papa en julio no ha sido empleado ni citado por la autoridad judicial, lo que genera mucho desconcierto.