La jueza del 1° Juzgado de Garantía de Santiago, Paula Brito, ordenó la prisión preventiva de un grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron formalizados por su presunta participación en una red de narcotráfico tras la detección de 13 hechos -que constituyen más de 123 delitos- en la Bicrim de Pudahuel.
El fiscal jefe de la comuna, Emiliano Arias, presentó ante la justicia a 10 titulares de la PDI acusados de conformar una supuesta red de corrupción al interior de la policía civil.
Todos ellos enfrentan cargos relacionados a delitos de omisión de denuncia, infracción a la ley 20.000, allanamientos y detenciones ilegales junto a algunos casos de apremio ilegítimo.
Se trata de los subcomisarios Godfrey Gamboa, José Márquez y Claudio Quezada; y los detectives Bruno Medina, Juvenal Pérez y Fabián Arévalo. Además, están los subinspectores Daniel Urrutia y Raúl Álvarez; el inspector Kurt Borneck, y el asistente policial Sebastián Álvarez.
En esta indagatoria, que lidera el fiscal Arias, fueron formalizados otros 4 civiles por el delito de tráfico de droga en pequeñas cantidades. A dos mujeres se les imputó el delito de tráfico de drogas y a los hombres el de microtráfico.
La magistrada Brito ordenó la prisión preventiva de los policías y de las dos mujeres y el arresto domiciliario total para los otros dos imputados civiles.
“Esto es absolutamente intolerable, particularmente viniendo de sujetos que tienen roles institucionales y que tienen una posición respecto de los cuales el derecho tiene la necesaria y legítima expectativa‘’, afirmó la jueza Brito.
Según el Ministerio Público, quien expuso en la audiencia, los imputados habrían sido extorsionados por personal de la Bicrim para que entregaran información sobre la procedencia de las sustancias ilícitas.
Junto con ello, el fiscal Arias presentó varias escuchas telefónicas donde los funcionarios de la PDI falseaban llamadas al 134 para poder realizar los procedimientos.
La audiencia se realizó en el 1er Juzgado de Garantía de Santiago desde las 12 horas, donde -tras la imputación de los cargos- los detenidos arriesgan un mínimo de 10 años de prisión. A su vez, se dictaminó un plazo de 120 días de investigación.
