Diputados demócrata cristianos pedirán que los ministros Rodrigo Hinzpeter y Jaime Mañalich declaren en la investigación judicial por el extravío de más de una tonelada de drogas decomisada el año 2010.

Además, pidieron a la Contraloría una auditoría por el alto sobreprecio que el Gobierno habría pagado por equipamiento para combatir el narcotráfico.

Los diputados DC Gabriel Ascencio y Ricardo Rincón se reunirán el viernes con el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, quien investiga la desaparición de 1.166 kilos de cocaína y pasta base de cocaína decomisados el 2010, equivalente al 10 por ciento de lo incautado ese año.

Los parlamentarios pedirán que cite a declarar a los ministros del interior, Rodrigo Hinzpeter, y de salud, Jaime Mañalich.

Los congresistas opositores dijeron que es un escándalo porque, lo más probable, es que la droga extraviada haya vuelto al mercado ilícito. A su parecer, ambas autoridades son responsables como jefes de los servicios estatales encargados de garantizar su incineración.

En tanto, el diputado DC Jorge Burgos reconoció que mientras se desempeñó como subsecretario del interior en el gobierno de Ricardo Lagos supo de versiones sobre este tipo de irregularidades, aunque no de esta magnitud.

Por otra parte, el diputado Burgos y su camarada Gabriel Ascencio pidieron a la Contraloría General de la República una investigación y una auditoria por la denuncia sobre que el ministerio del interior pagó un sobreprecio de hasta un 400% por equipamiento para la lucha contra el narcotráfico.

Según la denuncia del sitio electrónico CIPER, el gobierno licitó una serie de tecnologías de última generación, por la que canceló hasta un 400% de sobreprecio.

Por ejemplo, se adquirieron 52 densímetros, un tipo de escáner, a razón de 23 millones 400 mil pesos por cada uno, que se pagaron a un intermediario, en circunstancias que el fabricante estadounidense los vende en 4 millones 300 mil pesos.

También se compraron 52 fibroscopios, equipos flexibles que permiten revisar ductos y compartimentos de difícil acceso, por 11 millones 800 mil pesos cada uno. Sin embargo, en el mercado chileno hay una firma que vende equipos similares un 30% más baratos.

Todo este equipamiento está dentro del Plan Frontera Norte, dirigido por el ex fiscal Alejandro Peña, involucrado en varias polémicas desde que abandonó el Ministerio Público para integrarse al ministerio del interior.