Junto con calificar la muerte del cabo de Carabineros Cristián Martínez -ocurrida durante los incidentes registrados la noche del 11 de septiembre en la población Parinacota de Quilicura- como un hecho “tremendamente doloroso y cobarde” que debe ser “enérgicamente castigado”, la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, aseguró que hechos de este tipo deben justamente motivar a la sociedad a una profunda reflexión sobre la delincuencia juvenil.
En ese sentido, manifestó que para ello el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se encuentra impulsando un programa de 11 medidas para ir en apoyo de la reinserción de los adolescentes infractores de ley.
“Respecto del universo de personas que son imputadas por el Ministerio Público poco más del 8% corresponde a jóvenes, lo que es un dato que normalmente se desconoce”, resaltó Pérez en una entrevista con Agencia UPI.
Además de señalar que ese poco más del 8% del total de los imputados corresponde a jóvenes entre 14 y 18 años, precisó que el 19% de los delitos cometidos por adolescentes corresponde a ilícitos de mayor gravedad como homicidios, robos violentos y delitos con relación a drogas.
La subsecretaria de Justicia explicó que en su articulado la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente plantea dos objetivos: Uno es la responsabilización de los jóvenes por los hechos delictivos que cometan y el segundo apunta a la plena reintegración social de esos jóvenes.
“Para lograr estos dos objetivos hay que desarrollar un conjunto de medidas, las que no bastan que estén en la ley, sino que hay que llevarlas a la práctica, y es por eso que nosotros desde el primer día hemos puesto la infancia y la adolescencia como prioridad”, expresó la funcionaria.
Patricia Pérez manifestó además que “trabajamos durante largos meses no solamente en forma interinstitucional con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Economía, Trabajo, el Sence, sino que también con privados como Fundación Súmate y Unicef”.
Indicó que “de esa forma se logró estructurar un plan de 11 medidas que supone una inversión de 7.500 millones de pesos y que tiene tres ejes que tienen relación la dignidad, la seguridad y la reinserción”.
La autoridad destacó que para el Presidente Sebastián Piñera estos tres ejes revisten una importancia capital y se traduce en el diseño de un modelo educativo que aborda integralmente las necesidades de estos jóvenes.
“Muchos de estos niños, por no decir la mayoría, tienen la enseñanza básica incompleta y han tenido una escolarización deficiente”, resaltó la subsecretaria Pérez.
Asimismo precisó que “muchos de estos jóvenes tienen familias desestructuradas que no brindan un espacio de contención y no les permiten tener las redes de apoyo con que cuentan otros adolescentes”.
En pos de lograr una plena reinserción de los jóvenes que han infringido la ley, Patricia Pérez afirmó que se encuentran abocados a entregar un reforzamiento adicional para que ellos puedan completar su escolaridad. “Toda la literatura comparada demuestra que hay tres elementos claves para que un joven que se inicia tempranamente del delito salga del delito: Primero, entregarle competencias blandas que ellos no tienen, en segundo lugar nivelar educacionalmente respecto de aquellos que tienen escolaridad incompleta y tercero proporcionar a estos adolescentes la capacitación en oficios”, aseguró.
