El Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió de forma unánime a los miembros de las comunidades Autónoma de Temucuicui y José Guiñón, quienes fueron llevados a juicio por el asalto al peaje de Quino, en Victoria, ocurrido en octubre de 2009.

Los comuneros, enjuiciados en un principio por la Ley Antiterrorista, estuvieron cerca de dos años en prisión preventiva, que posteriormente se les cambió por medidas cautelares en libertad, tras protagonizar una extensa huelga de hambre el 2010.

Se trata de Víctor Hugo Queipul Millanao, José Queipul Huaiquil, Jorge Marimán Loncomilla, Felipe Huenchullán Cayul, José Millanao Millape, Camilo Tori Quiñinao, Juan Huenchullán Cayul y Ernesto Cayupán Meliñan.

En este caso, el Ministerio Público quedó fuera del juicio, quedando como querellante sólo el Ministerio del Interior, cuyas pruebas testimoniales no pudieron acreditar la participación de los imputados en los hechos.

Cerca de 50 comuneros que se encontraban en el acceso del Tribunal Oral en lo Penal de Angol expresaron su alegría ante el veredicto que deja en libertad a los mapuche y les levanta las medidas cautelares.

El caso

Según la denuncia de los querellantes, un grupo de encapuchados atacó el peaje Quino y luego quemó varios vehículos en un cercano cruce carretero del mismo nombre, en la Ruta 5 Sur. Según la acusación, los imputados portaban escopetas hechizas y convencionales, un fusil de guerra, una pistola y revólveres con munición, más un bidón con líquido combustible y una motosierra, entre otros objetos.

Inicialmente, la acusación fiscal persiguió los delitos de robo con intimidación, asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado e incendio, asignando a los comuneros distinto grado de participación en los delitos. Sin embargo, el Ministerio del Interior sostuvo la misma acusación, pero sin otorgar a los delitos la connotación de terroristas, tal como lo acordó durante las negociaciones que permitieron poner fin a una larga huelga de hambre sostenida por los comuneros.

El Tribunal de Garantía de Victoria consideró no presentada la acusación del Ministerio Público, pues sus abogados no corrigieron vicios formales ordenados por el tribunal. Pese a las apelaciones posteriores del ente persecutor e incluso un recurso de queja que la Corte Suprema declaró inadmisible, la Fiscalía quedó fuera del caso.

El defensor público Jaime López explicó que en su origen, esta causa fue una de las cuatro “más emblemáticas de la política de persecución penal de la Fiscalía en relación con el conflicto territorial mapuche”, junto a los casos “Tur Bus”, “Brasil” y “San Leandro”.

“Este caso se cae, más que por la ausencia de la Fiscalía, por la ausencia del testigo secreto, ya que efectivamente al quedar fuera su testimonio, casi no quedó prueba de cargo, lo que indica que el juicio completo descansaba en su testimonio”, explicó.