En Vila Autódromo no hay traficantes de droga ni milicias. Sus 3.000 habitantes no trancan las puertas y aseguran vivir en un pequeño rincón del paraíso, bendecido por la brisa de la laguna de Jacarepaguá, a la sombra de pitangas y guayabas.

Pero esta comunidad de polvorientas callejuelas, sin saneamiento ni escuela, vive bajo la amenaza del desalojo porque está ubicada en la zona oeste de Rio, donde el gobierno construirá el Parque Olímpico para los Juegos de 2016 y los precios inmobiliarios se han disparado.

La alcaldía quiere transferir la comunidad a apartamentos populares en un conjunto habitacional cercano, pero los habitantes se niegan y han elaborado un plan alternativo.

“Un rincón del paraíso”

En el jardín de su casa sobre la laguna, donde vive hace 23 años con su esposa, hijas y nietas, Pedro Paulo Franklin señala orgulloso sus higueras, cocoteros y árboles de acerola y papaya.

“La remoción es totalmente absurda. Este rincón del paraíso nos lo dio Dios. Fue con mucho sudor, esfuerzo, dedicación y amor que hicimos esto, con nuestras propias manos”, dice a la AFP este ex bombero militar de 71 años.

Los habitantes de Vila Autódromo tienen lo que se denomina “derecho de pose”, es decir, el derecho concedido por el Estado a ocupar las tierras en las que viven. Pero desde hace 20 años, bajo diferentes argumentos -desde que contaminan visualmente la zona hasta que obstaculizan la construcción del Parque Olímpico- viven bajo la amenaza del desalojo.

“Pienso resistir de todas las maneras posibles, porque por derecho esta tierra es nuestra y hace 17 años que vivo aquí”, asegura Altair Guimaraes, presidente de la Asociación de Habitantes de Vila Autódromo.

Recostada contra el portón turquesa de su casa, que da paso a un verde jardín, Antonia Henrique Macena, de 70 años, mira las horas pasar.

“Yo no entiendo mucho, porque no sé leer ni escribir. Pero hace tantos años que vivimos aquí… Que nos dejen en nuestro rinconcito. ¿Para dónde nos quieren llevar, por el amor de Jesucristo?”, dice a la AFP.

El Plan B

Los habitantes se organizaron y elaborararon con un grupo de académicos un plan de urbanización de la favela que prevé pavimentación, saneamiento, escuela y guardería, así como un margen de exclusión de 15 metros frente a la laguna, y que fue entregado la semana pasada al alcalde Eduardo Paes, quien prometió estudiarlo.

El gobierno quiere el desalojo “porque la comunidad se encuentra en una zona de intensa valorización inmobiliaria”, estima Carlos Vainer, profesor de Planificación Urbanística de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), uno de los expertos que ayudó a los habitantes a elaborar el plan.

“Desde el punto de vista político, ambiental, urbanístico y financiero el plan de los habitantes es mejor que la alternativa brutal de remoción y segregación social propuesta por la alcaldía”, afirma.

Los habitantes aseguran que su propuesta costaría unos siete millones de dólares, la mitad que transferir la comunidad a otro sitio.

Vainer estima asimismo que no es necesario que una nueva carretera conocida como “Transolímpica” atraviese la favela, tal como ha señalado la alcaldía. “Si uno ve el proyecto, la vía expresa viene en línea recta y hace un desvío para atravesar la comunidad, para generar un nuevo pretexto para expulsarla”.

Consultada por la AFP, la alcaldía indicó que la razón del desalojo es que “dos tercios de la comunidad están en área de preservación ambiental” y que “la mayor parte de los residentes no tienen acceso a saneamiento básico y viven en condiciones precarias e insalubres”.

“La alcaldía adquirió un terreno a 500 metros del lugar y va a construir viviendas populares. Rio tiene siempre gente que provoca problemas, gente que está en contra, por eso la ciudad estuvo tanto tiempo parada. Vamos a hacer este proceso con mucha tranquilidad y respeto a los derechos humanos”, aseguró a periodistas el alcalde, que busca la reelección en las municipales de octubre.

En Río, unas 22.000 personas viven con miedo de perder sus hogares y 8.000 ya han sido desalojadas, según el Comité Popular de la Copa del Mundo-2014 y de las Olimpíadas (CPCO), una red de movimientos sociales contra los desalojos forzados.

“Vila Autódromo es un símbolo pero esto ocurre en toda la ciudad”, dice a la AFP Renato Cosentino, del CPCO.

Cientos de familias ya han sido desalojadas del Morro da Providencia, la primera favela de Rio ubicada en la zona portuaria, y de la favela do Metro, cerca del estadio de Maracaná, entre otras.