El ex director del diario italiano Avanti y empresario Valter Lavitola, acusado de corrupción y soborno al ex primer ministro Silvio Berlusconi y al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue detenido este lunes en Italia tras haber permanecido prófugo seis meses en América Latina.
Lavitola fue detenido en el aeropuerto Leonardo Da Vinci de Roma al desembarcar de un vuelo procedente de Buenos Aires y fue trasladado inmediatamente a la cárcel de Poggioreale, en Nápoles (sur).
Según fuentes judiciales cercanas a los fiscales de Nápoles que investigan el caso, Henry John Woodcock y Vicenzo Piscitelli, citadas por la prensa italiana, Lavitola, es acusado de haberse presentado como “intermediario” del presidente de Panamá y de las autoridades panameñas para realizar “negociaciones ilícitas” en ese país, entre ellas la construcción de cuatro cárceles.
Lavitola es acusado de presunta “corrupción internacional” junto con otras doce personas, entre ellas el senador Sergio De Gregorio.
La embajada de Panamá en Italia, contactada por la AFP, no quiso comentar el caso.
El periodista y a la vez empresario es acusado, asimismo, de haber organizado junto con su colega Giampaolo Tarantino una red de prostitutas de lujo para participar en las controvertidas fiestas privadas de Berlusconi.
Y también de “uso indebido” de unos 20 millones de euros de financiación pública para el diario L’Avanti.
El hombre de negocios había sido detenido el 1 de septiembre pasado por orden del tribunal de Nápoles por la presunta extorsión contra Berlusconi, para no revelar detalles de sus fiestas con prostitutas.
Según la acusación, los dos empresarios aspiraban inicialmente a obtener contactos para millonarios negocios en el exterior a través de Berlusconi y lograr licitaciones y negocios gracias a una “red compleja de corrupción” de funcionarios públicos y empresarios privados panameños.
Tras estallar el escándalo de las fiestas privadas de Berlusconi por la presencia de una menor de edad, los dos hombres de negocios terminaron por pedir unos 800.000 euros al líder político para mantener el silencio.
