Silvio Berlusconi, ex jefe del gobierno italiano, aguarda este sábado el fallo de un tribunal de Milán sobre el caso Mills, en el que la fiscalía pide cinco años de prisión por soborno, en el primero de los cuatro procesos que amenazan con amargarle los últimos años de su vida.

La decisión de los jueces, que se retiraron a deliberar tras haber escuchado el último alegato de la defensa, se espera que a partir de las sea condenado, absuelto o prescriba el delito.

Berlusconi abandonó el sábado por la mañana su domicilio de Roma en dirección a Milán, donde tiene previsto asistir por la noche a un partido de fútbol entre el equipo del que es propietario, el AC Milan, y la Juventus de Turín.

El Cavaliere, de 75 años, clama su inocencia, pero lo que está en juego es más simbólico y político que judicial, puesto que Berlusconi debería beneficiarse, desde este mismo sábado o en los próximos meses, de la prescripción de los hechos que se le imputan.

El abogado ya se declaró culpable, en un proceso paralelo, de haber recibido el dinero de Berlusconi, por lo que fue condenado en febrero de 2009 en primera instancia a cuatro años y medio de prisión, pena confirmada en apelación. La Corte de Casación decretó la prescripción del delito en febrero de 2010, aunque denunció la existencia de “un caso de corrupción gravísimo”.

Al igual que en otros procesos anteriores, Berlusconi debería beneficiarse de la prescripción del supuesto delito en un juicio iniciado hace casi cinco años y que fue interrumpido en numerosas ocasiones.

El Cavaliere está enfrentado a la justicia de su país desde hace dos décadas. En 1997 y 1998 fue condenado en primera instancia en tres ocasiones a un total de 6 años y 5 meses de prisión por corrupción, falsificación de cuentas y financiación ilícita de un partido político.

En todas las ocasiones se benefició de la prescripción de los delitos.

Actualmente está encausado en otros tres procesos: el Rubygate por prostitución de menores y abuso de poder, otro por fraude fiscal en su imperio Mediaset y un tercero, Unipol, por “violación del secreto de instrucción” después de que uno de sus diarios transcribiese conversaciones cubiertas por el secreto de instrucción.