El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció el sábado un complot de opositores para crear descontento en las Fuerzas Armadas y desestabilizar a su gobierno, similar al que a su juicio derivó en un intento de golpe de Estado en 2010.

Correa dijo que se descubrió el “plan revancha”, en el que “politiqueros, oficiales en servicio pasivo” que sirvieron a la CIA estadounidense y “alguno que otro oficial activo” buscan difundir que él se niega a pagar un retroactivo de 70 millones de dólares por una homologación de cargos.

“Tratan de poner a la fuerza pública contra el gobierno, manipular, están en un campaña de mensajes iguales a los previos al 30-S cuando le decían a la Policía que le iban a quitar sus bonificaciones, condecoraciones, reducir el sueldo, todas mentiras”, señaló el mandatario en su informe semanal de labores.

Correa aludía a la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010 por reclamos salariales, que en su criterio fue instigada por opositores para sacarlo del poder. Ese hecho, en el que el gobernante socialista fue agredido y cercado en un hospital, dejó diez muertos y unos 300 heridos.

El objetivo actual es “crear otro 30-S, porque creen que es la única posibilidad de evitar el triunfo de la revolución ciudadana en las urnas en 2013. Hay que estar muy atentos”, afirmó el presidente, quien llamó a los oficiales y soldados a no dejarse “engañar por los pillos y demagogos de siempre”.

“¿Cuál es el gobierno que más ha trabajado por su bienestar laboral, por la operatividad de las Fuerzas Armadas?”, cuestionó el jefe de Estado, que no descarta presentarse a la reelección en los comicios de enero de 2013.

Correa explicó que estas maniobras se originan por un decreto de 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio, que homologó los rangos militares con las categorías del servicio público.

El mandatario recordó que como resultado de ese proceso los oficiales recibieron un pago retroactivo a 2010, pero un exhorto del Congreso, según él malintencionado y basado en infundios, asegura que debía ser desde 2008, con lo que el Estado debería desembolsar 70 millones de dólares.

De acuerdo con el mandatario, tal emplazamiento, que no es vinculante, fue presentado por el partido Sociedad Patriótica, del ex presidente y militar en retiro Lucio Gutiérrez, al que acusa de haber estado detrás de la rebelión policial de 2010, apoyada por un grupo minoritario de la Fuerza Aérea.