La Fiscalía de Colombia investiga a 4.634 personas por violaciones graves de los derechos humanos, de las cuales 4.131 son ex paramilitares y 503 ex guerrilleros que se acogieron a una ley que promovió su desmovilización, según un informe de esa institución presentado el lunes.

La Fiscalía ha identificado hasta ahora 4.507 bienes que deben ponerse a disposición de las víctimas para su reparación material, de acuerdo con la Ley de Justicia y Paz que acompañó la desmovilización de las milicias paramilitares de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), realizada entre 2003 y 2006.

Esa ley, que amparó también pero en menor cantidad a guerrilleros izquierdistas, contempla beneficios procesales, como por ejemplo penas máximas de ocho años de prisión, a cambio de la confesión de crímenes y la reparación a las víctimas. Hasta ahora solo se ha dictado una condena en firme.

Sobre la base de las confesiones de los jefes paramilitares, la Fiscalía ha acusado hasta ahora a 476 dirigentes políticos, 505 militares y policías y a 178 funcionarios públicos, que no pueden ampararse en los beneficios contemplados en la ley de desmovilización.

Las AUC, que combatían a las guerrillas izquierdistas y que cometieron miles de crímenes atroces contra la población civil, tejieron alianzas con la élite política y en muchos casos adelantaron campañas de amedrentamiento para que los candidatos de su preferencia resultasen electos en sus zonas de influencia.

En su informe, la Fiscalía dio cuenta también de la exhumación de 3.451 fosas y el hallazgo de 4.267 cadáveres, de los cuales se han identificado 1.616 y se han entregado a las familias 1.529.

La Fiscalía ha registrado 352.437 víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Al margen de esa norma, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos promulgó el pasado mes de junio una ley para reparar a quienes han sufrido el conflicto armado de casi medio siglo en Colombia, con indemnización a cerca de 4 millones de víctimas desde 1985 y restitución de tierras a unas 400.000 familias desplazadas por la fuerza desde 1991.

Colombia sufre desde mediados de los años 60 un conflicto armado que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y fuerza pública.

Aunque las AUC se disolvieron en el proceso de paz adelantado por el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe, diversos organismos de defensa de los derechos humanos aseveran que muchos de sus rangos medios y bajos se han reagrupado en nuevas bandas criminales, que sumarían actualmente unas 10.000 personas.

Además, siguen activas las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), con unos 8.000 combatientes, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), con otros 2.500, según el ministerio de Defensa.