En el marco de la reestructuración institucional que se está llevando a cabo en el Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio de Hacienda anunció los cambios directivos y medidas que se harán efectivas a partir de este lunes en el organismo.

De acuerdo a un comunicado de la cartera “dejan el cargo quienes encabezaban la Subdirección Administrativa, de Fiscalización, Jurídica y de Recursos Humanos. En su lugar, asumirán como subrogantes, Guillermo Henríquez, Marcelino Millón, Pilar Muñoz y Jenny Castillo. En los dos restantes, Técnica e Informática, permanecen en sus cargos Germán Fibla y Francisco Cristi”.

Asimismo precisaron que tales variaciones “son sin perjuicio de los concursos del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) que, en el caso de las Subdirecciones Jurídica y Técnica siguen con la convocatoria a postular abierta hasta el 9 de mayo y que en el caso de la Subdirección de Recursos Humanos, sus resultados se encuentran en evaluación. Prontamente, se dará comienzo al proceso de selección para las Subdirecciones Administrativa y de Fiscalización“.

En cuanto a medidas administrativas, en línea a lo solicitado por el Ministerio de Hacienda, el director nacional (Transitorio y Provisional), Juan Araya, ha hecho un levantamiento de información y recopilación de antecedentes que obran en diversos procesos relacionados con Aduanas, y se decidió adoptar una serie de acciones.

“Con respecto a los posibles errores o fallas de procedimiento en la fiscalización de contenedores provenientes de Bolivia que contenían droga y no fueron detectados por la Aduana de Arica, se ha ordenado el inicio de un sumario administrativo con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades administrativas y además, se ha decidido hacer denuncia formal ante el Ministerio Público a fin de que se investiguen las eventuales responsabilidades penales que pudiesen presentarse”, afirmaron.

Por otra parte, respecto a la posible internación irregular de mercancías al país “en el marco de las medidas adoptadas con posterioridad al terremoto del 27 de febrero de 2010, y que fueron consignadas por el Informe N° 104 de la Contraloría General de la República, se ha ordenado el inicio de un sumario administrativo con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades administrativas y además, se ha decidido hacer denuncia formal ante el Ministerio Público”.