Un grupo de abogados guatemaltecos interpuso este lunes un recurso judicial para impedir el divorcio del presidente Alvaro Colom y su esposa, Sandra Torres, que busca allanar la candidatura presidencial de la primera dama para las elecciones de septiembre.
El recurso fue interpuesto en la Corte Suprema de Justicia y un juzgado de familia tiene tres días para resolver si lo acepta o rechaza, indicó la jueza a cargo del proceso de divorcio, Mildred Roca.
“Los recursos son por la suspensión del proceso de divorcio”, afirmó Roca.
Este recurso, y otro interpuesto el viernes, deben ser resueltos por tribunales y, dependiendo de su decisión, “el proceso continúa su curso o (es) remitido para un juzgado competente” diferente, agregó Roca.
La solicitud de divorcio de la pareja presidencial “afecta los intereses públicos”, pues busca “eludir o saltar” una prohibición constitucional, argumentó el representante del grupo que presentó el recurso este lunes, Mynor Berganza.
La Constitución prohíbe que el cónyuge y otros parientes del mandatario saliente se postulen a la presidencia.
“El divorcio es legal porque cualquier pareja unida en derecho tiene la opción de requerir que su vinculo matrimonial se disuelva, pero si la acción que subyace no es la de vivir separados, sino la de eludir o saltar la norma constitucional, eso se llama fraude de ley”, afirmó Berganza.
La Sala Tercera del Ramo Civil aceptó el pasado viernes otro recurso contra el divorcio de la pareja presidencial, presentado por el abogado Álvaro Del Cid en representación de un grupo de jóvenes, lo cual dejó en suspenso el fallo, que debía formalizado ese día.
El viernes, además, la jueza Roca denunció haber recibido amenazas de muerte en caso de que permitiera la disolución del vínculo entre el mandatario socialdemócrata y su esposa.
La solicitud del divorcio con fines políticos desató airadas críticas contra la pareja presidencial e incluso hubo juristas que especularon sobre un posible delito de fraude.
“Me han criticado porque me estoy divorciando del Presidente, pero me estoy casando con la gente, con el pueblo”, afirmó Torres hace unos días.
La demanda de divorcio fue presentada el 11 de marzo con el propósito de superar un artículo de la Constitución que prohíbe al cónyuge del presidente saliente aspirar a la jefatura del Estado. La carta magna también prohíbe la reelección.
El divorcio pondrá fin a un matrimonio de ocho años, celebrado en febrero de 2003 mediante una ceremonia civil y una religiosa maya.
