El presidente de la comisión investigadora de irregularidades detectadas en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), José Manuel Edwards (RN), acusó al ex ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo de “incitar a la violencia” a las comunidades mapuche de la Región de la Araucanía.
Esto porque, al entregar las conclusiones de la instancia legislativa, Edwards detalló que “la comisión considera que el ex ministro Viera Gallo actuó con mucha irresponsabilidad al contribuir en la generación de expectativas por tierras y muchas más hectáreas y recursos que los disponibles razonablemente”.
El parlamentario detalló, con documentos en mano, que el ex secretario de Estado, comprometió predios sin haber hecho las investigaciones previas respecto a su aplicabilidad u opción de compra, terrenos que coincidieron con fundos que fueron violentamente tomados por comuneros mapuche en el año 2010.
“La relación entre la violencia del 2010 y todos los fundos prometidos por el señor Viera Gallo, con fecha y sin hablar con los dueños, es total. La comisión consideró que estos documentos son una invitación a la violencia y un engaño a las comunidades”, dijo el diputado oficialista.
Los títulos, firmados por la otrora autoridad, detallan entrega de tierras a más de 50 comunidades y además se descubrió en la comisión la promesa verbal de Viera-Gallo de la entrega de 60 millones de pesos a la Asociación Territorial Mapuche (ATM) para la implementación de una ONG.
A título personal, el legislador RN cree que “después de estos antecedentes (…) haber nombrado al señor Viera Gallo como miembro del Tribunal Constitucional es un hecho absolutamente cuestionable”.
Es por esto que adelantó que la información será entregada a la ex Presidenta Michelle Bachelet para saber si estaba en conocimiento de estos antecedentes al momento del nombramiento en el TC.
Por esto, el diputado consideró que el desorden en la institución “en cuanto a las promesas y las páginas de irregularidades, hacen que la Conadi y la institucionalidad indígena hay que cambiarla, hacerla de nuevo y tiene que ser intersectorial”.
