Antes de lo esperado arribaron al Palacio de La Moneda los representantes de la iglesia Católica para reunirse con el Presidente Sebastián Piñera, a quien hicieron entrega del llamado ‘Indulto Bicentenario’.
Indulto Bicentenario
A las 10:45 horas ingresaron a la sede del Ejecutivo el cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, quienes dieron a conocer al mandatario el texto de la propuesta, no exenta de polémica en diversos sectores sociales y políticos, respecto a si se conceden o no beneficios a los autores de crímenes de lesa humanidad.
Alegandro Goic señaló que “Nuestra petición no anula ni contradice el imperio de la Ley y la Justicia, sino que lo supone y lo exige… creemos que se pueden dar pasos de clemencia, actuando en el marco del estado de Derecho, del ordenamiento constitucional y de los tratados internacionales vigentes.”
Además fue entregado el texto “Chile, una mesa para todos en el Bicentenario”, que señala en uno de sus puntos que “No sería completa la mesa para todos si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar.”
Y agrega que “Es un tema que debemos poner sobre la “mesa de todos” para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente en el Parlamento de la República. No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado.”
Precisamente fue este punto el que generó rechazo entre parlamentarios y agrupaciones de Derechos Humanos.
Mientras tanto, en las afueras del palacio de La Moneda, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que el monseñor Goic graficó en sus palabras claramente la diferencia entre delitos comunes y de lesa humanidad.
En ese sentido, dijo, ellos como agrupaciones de derechos humanos apoyan beneficios a reos comunes que sufren las precarias condiciones de las cárceles chilenas, pero que no pueden tolererar el otorgar un indulto “a genocidas vinculados a causas de terrorismo de Estado”.
Por otro lado, la dirigenta instó a que este debate se enfoque a que “sólo hay 67 criminales” cumpliendo condena por crímenes a los derechos humanos, en cárceles “muy particulares” mientras el resto se encontraría en la impunidad.
