El largamente esperado y anticipado informe final sobre el “Bloody Sunday”, uno de los episodios más controvertidos del conflicto de Irlanda del Norte, será finalmente publicado el martes, pero sus conclusiones corren el riesgo de reabrir viejas heridas.
El informe de 5.000 páginas examina los acontecimientos del 30 de enero de 1972 cuando paracaidistas británicos mataron a 14 católicos desarmados al abrir fuego contra los participantes en una manifestación en favor de los derechos civiles en Londonderry, la segunda ciudad norirlandesa.
El primer ministro británico, David Cameron, fue el encargado de presentar a las 10:30 horas en Chile en el parlamento las conclusiones de esta investigación que duró 12 años.
Las familias de las víctimas y los soldados implicados tendrán acceso al documento cinco horas antes.
El “Bloody Sunday” (Domingo sangriento) fue uno de los momentos clave en el conflicto entre católicos insdependentistas y protestantes unionistas que dejó más de 3.500 muertos a lo largo de tres décadas y que concluyó con el acuerdo de paz del Viernes Santo en 1998.
Una primera indagación del caso realizada por el juez John Widgery, menos de tres meses después de los hechos, exoneró de responsabilidad a los militares, alegando que respondieron a disparos de los manifestantes, a pesar de que no se encontró ningún arma y ninguno de los soldados resultó herido.
En enero de 1998, el primer ministro británico Tony Blair encargó al juez Mark Saville la investigación que se ha convertido en la más larga y costosa de la historia británica, cuya factura final ronda los 190 millones de libras (275 millones de dólares, 230 millones de euros).
Blair dijo entonces que su objetivo “no era acusar a individuos o instituciones, o provocar nuevas recriminaciones, sino establecer la verdad”.
Sean cuales sean las conclusiones, podrían aumentar las tensiones en una provincia donde las comunidades católica y protestante no están todavía totalmente reconciliadas, a pesar de su gobierno compartido, para el que este informe será una prueba de estabilidad.
No se descarta tampoco que el informe desate acciones judiciales contra algunos de los militares involucrados.
El diario The Guardian publicó la semana pasada que varias de las muertes serán declaradas ilegales, pero el gobierno dijo que se trataba únicamente de “especulaciones” que sólo sirven para crear ansiedad a las familias de las víctimas y a los militares.
Lord Saville y sus asesores, el canadiense William Hoyt y el australiano John Toohey, estudiaron 2.500 testimonios, de los cuales escucharon directamente unos 900.
Entre los testigos destacaron el ex primer ministro británico de la época, Edward Heath, el entonces jefe del estado mayor británico Mike Jackson y el actual viceprimer ministro regional Martin McGuinness, quien confirmó durante la investigación que en esa época era un alto cargo del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Londonderry.
El último testimonio remonta a 2005, año en que debía publicarse el informe, pero la espera se alargó debido a numerosos aplazamientos, el último de ellos con motivo de la disolución del parlamento para las elecciones generales celebradas en mayo pasado.
