El derrocado presidente hondureño, Manuel Zelaya, se negó a decir este miércoles si aceptaría la restitución en el cargo en caso que el Congreso resuelva este miércoles anular el decreto que lo destituyó del poder el 28 de junio. El debate ya se inició en el Congreso hondureño.

“No puedo decir ni sí ni no, honestamente”, respondió Zelaya en una entrevista con radio Globo, al ser preguntado si aceptará la restitución en caso de que lo decida el Congreso.

Los 128 diputados del Parlamento unicameral hondureño iban a decidir si retrotraen el poder ejecutivo que prevalecía antes del 28 de junio como lo contempla el Acuerdo Tegucigalpa/San José, suscrito el pasado 30 de octubre por su delegación de Zelaya y la del presidente de facto, Roberto Micheletti.

Los 55 diputados del Partido Nacional (PN, derecha), ganador de las elecciones del domingo con su candidato Porfirio Lobo, eran decisivos en la votación después de que en su formación el Partido Liberal (PL, derecha) -el mismo que el de Micheletti- cuenta con una minoría de apoyos.

Zelaya necesita al menos 85 votos para ser restituido.

“En mi conocimiento por lo menos la directiva del Congreso no tiene la menor aptitud de resolver este problema” con la restitución, dijo Zelaya.

El propio Congreso, en alianza con la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría, el Comisionado de Derechos Humanos, empresarios, iglesias y otros sectores influyentes sacaron a Zelaya del poder el 28 de junio.

Previo al inicio de la sesión, el diputado del PN Rigoberto Chang Castillo declaró a periodistas que “cualquiera de los diputados que se retratara (…) sería enjuiciado por cualquier persona” por “violación de los deberes de los funcionarios”.

Por su parte, el abogado y diputado del PL, Angel Edmundo Orellana, -uno de los pocos apoyos de Zelaya en su grupo- advirtió que si el plenario no restituye a Zelaya tendrá consecuencias jurídicas a largo plazo.

“Si aquí no se decreta una amnistía todos los que participaron el 28 de junio van a tener que estar toda su vida pendientes de que los procesen, porque es un delito imprescriptible. Ellos sustituyeron la voluntad soberana del pueblo”, advirtió.