Tras meses en prisión preventiva los mapuche acusados en el caso Luchsinger Mackay fueron declarados inocentes (Ver: Veredicto de caso Luchsinger Mackay). Acá, en este territorio era secreto a voces que las pruebas eran absolutamente insuficientes para condenar a cualquiera.
Sinceramente, encarcelar previo al juicio y luego absolver es cuento repetido para el mapuche. Casos como el de Hernán Paredes Puen, absuelto después de 7 meses y 130 perdigones en su espalda para apresarlo (Ver: Cae otro montaje: Justicia absuelve a mapuche baleado por la espalda por carabineros); o el de Hugo Melinao, absuelto después de 8 meses de prisión preventiva, luego de ser acusado, tras operativos en Santiago, Ercilla y Chiloé, de formar una escuela de guerrillas en su comunidad (Ver: Absuelven a Hugo Melinao tras pasar 8 meses en prisión preventiva: Lo acusaban de “formación de guerrillas”) hacen parte de los más de 65 mapuche encarcelados preventivamente y luego absueltos, lista engrosada por los 11 absueltos del caso Luchsinger Mackay.
La pregunta que deja este mediático juicio absolutorio es ¿qué funciona mal?
Los medios de comunicación y no pocos políticos invitan a la opinión pública a discutir sobre la ineficiencia y falta de atribuciones de la Fiscalía y las policías. Quienes piensan en esta línea asumen que el mapuche es culpable y, por ello, el fallo absolutorio los hace concluir que los mencionados organismos funcionan mal (en ningún caso, que los mapuche son inocentes).
Pero si observamos con mayor seriedad y profundidad, notaremos que lo que funciona mal va bastante más allá que los organismos señalados. Comencemos por considerar que los mapuche han demostrado una y otra vez su inocencia en procesos y juzgados ajenos a su cultura, desde una situación económica propia de las provincias más pobres del país, con campañas comunicacionales que los sindican como terroristas, con presión de poderosos gremios empresariales y con abogados/as defensores que juntan sus recursos en peñas y completadas. Luego, preguntémonos que significa que diversos organismos de DD.HH. adviertan hasta el cansancio al Estado sobre el uso excesivo de las fuerzas policiales contra mapuche y la aplicación injusta de leyes como la antiterrorista (Ver: Cambia, nada cambia: nueva muerte mapuche). Quizás entonces, conviene preguntarnos que funciona mal.
Al parecer lo que funciona mal es la opción política del Estado chileno, a través de sus sucesivos gobiernos, para responder a las legítimas demandas del Pueblo Mapuche, una política de populismo punitivo (Ver: La paz es un espejismo si no llega con justicia).
Tal opción política de facto ha consistido invariablemente en hacer eco de los reclamos gremiales antes que de los mapuche. Así, el territorio está militarizado para resguardar a las empresas forestales, a merced de operativos “Paciencia”, “Tauro”, “Huracán”, y quién sabe cuántos más, que significan un constante hostigamiento a las familias mapuche en sus casas, caminos y centros de encuentro. El fruto de lo anterior ha sido el accionar de las fuerzas policiales que raya en el racismo y la nula formación en derechos humanos (Ver: Racismo sólo para mapuche), dejando numerosas víctimas mapuche que no son consideradas víctimas de la “violencia rural”, terminología gremial para homologar violentista con mapuche.
Dentro de esta opción política se hace comprensible la reunión del subsecretario del Interior con la ministra argentina de seguridad. Un supuesto tráfico de armas uniría a terroristas mapuches de uno y otro lado de la cordillera. Al parecer a las construcciones político mediáticas del mapuche borracho, flojo, ladrón, violentista y terrorista, tendremos que sumar ahora la del terrorista internacional con el imaginario de caos violentista guerrillero. Esto ayudará a acarrear más recursos económicos a las fuerzas policiales en las provincias más pobres del país, además de incrementar las violencias. La creación de estos imaginarios no es nueva, ya en la primera década del 2.000 se les colgó mediáticamente a los líderes de la CAM en clandestinidad el imaginario guerrillero de la FARC, realidad que sólo existió en la mente del comité creativo, como se pudo comprobar cuando los apresaron.
La política populista punitiva es lo que no funciona. Por ello no vemos llegar la paz.
Efectivamente, los movimientos mapuche también han ejercido violencia en el territorio. Nadie pretende negar esto, tampoco el dolor de quienes han sido dañados. Pero no podemos perder de vista dos cuestiones fundamentales. La primera, es que no existe punto de comparación entre el poder del Estado y el de los movimientos mapuche. Esto exige un actuar responsable del Estado, apegado a los derechos humanos y abocado a crear espacios de diálogo, sobre todo si el fondo de tal violencia es política. En segundo lugar, es evidente que la política del populismo punitivo sólo ha extremado las posturas, propiciando más violencia y menor entendimiento (Ver: Violencia en territorio mapuche I), haciendo estériles instancias que pudieron ser valiosas, como mesas de diálogo, comisiones, planes y consultas indígenas.
Urge que el Estado opte por una política de relación con el Pueblo Mapuche que haga más eco de los organismos de derechos humanos que de los gremios empresariales. Una basada en la convicción que el diálogo con el Pueblo Mapuche, en torno a sus legítimas demandas, es el camino que nos sacará de este espiral de violencias. Quizás así, la Fiscalía y las policías no continúen presionadas a encontrar mapuche culpables a como de lugar, con procedimientos temerarios y dudosas pruebas. Y quizás entonces se respeten las garantías y derechos humanos de los mapuche.
David Soto sj | Comunidad jesuita de Tirúa.
