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Secreto Valech, privacidad y reserva: el juego de palabras

Agencia Uno
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Luego del anuncio de la discusión inmediata del proyecto de ley que exime a los Tribunales de Justicia de la aplicación del secreto por 50 años a los archivos Valech 1, el ex-Presidente Ricardo Lagos reaccionó en defensa de su legado y con ello se ha generado una confusión de conceptos que no calzan con la realidad. Primero, que el secreto de 50 años supuestamente era necesario para proteger la privacidad de las víctimas, aun cuando ya existía la reserva para esos fines; y segundo, que la prisión política y la tortura serían esferas de la vida privada de una persona, a tal nivel que quedaría en sus manos la decisión de llevar esos antecedentes a la justicia. Todo esto, pese a que las agrupaciones de sobrevivientes han demandado desde el día uno el fin al silencio, verdad y justicia.

Sobre el secreto, era innecesario, el decreto supremo Nº 1040 que crea el Valech 1 en 2003, estableció la reserva de todas las actuaciones y antecedentes de la Comisión, además de la facultad para mantener la confidencialidad por razones de privacidad o de otra índole. Una reserva de similares características tuvo el Valech 2 del año 2010 y el Rettig de 1990, posibilitando el acceso de la justicia, cuando fueron impulsadas una serie de investigaciones, principalmente desde las agrupaciones de Familiares.

Sin embargo, después de finalizado el trabajo de la Comisión 1 -el 24 de diciembre de 2004- en el marco de ley de reparaciones para los calificados, se impuso un secreto de 50 años a todo el trabajo realizado por el Valech 1, sobre los testimonios, archivos y base de datos digital, incluyendo sanción penal en caso de incumplimiento, sin la consulta y participación de las organizaciones; impidiendo así, el acceso a todas las personas, autoridades estatales, incluidos los propios tribunales de justicia.

Entonces los hechos dan cuenta que reserva y secreto no son lo mismo, el primero permite la protección de la privacidad y el resguardo de las comisiones, y el secreto, corresponde más bien a un acuerdo político para producir impunidad, que clausura el acceso institucional y social a la realidad de la prisión política y la tortura ocurrida en dictadura; no solo impidiendo investigaciones, sino que también obstaculizándolas y asegurando que no sean exitosas en cuanto a, por ejemplo, manejar posibles datos sobre el destino de los detenidos desaparecidos y establecer responsabilidades civiles y militares.

Al bloqueo que implica el secreto, se suma el procesamiento privado e individual que pretenden hacer de la prisión política y la tortura que afectó a más de 40.000 personas, señalando que se confronta con la intimidad de los sobrevivientes, aun cuando nuestro país ha reconocido que se tratan de hechos que constituyen crímenes contra la humanidad, que bajo ningún aspecto la investigación y el juzgamiento están a disposición de las víctimas, todo lo contrario, son obligaciones estatales por el interés de toda la sociedad. En cualquier caso, antes y después del secreto, han existido métodos para anonimizar datos, ya sea solicitando la reserva al Ministro a cargo de la investigación o creando un cuaderno reservado.

Todo indica que el secreto no fue pactado con los sobrevivientes de prisión política y tortura y su único efecto conocido es la impunidad, por eso como sociedad no podemos desatender las razones para una aberración como el secreto por 50 años, tenemos la oportunidad de dar un debate sobre las sinceras razones de este freno, es la única posibilidad de garantizar el fin al secreto Valech y así terminar con los acuerdos que no permiten avanzar en verdad y justicia.

Paz Becerra Urzúa, abogada e investigadora.
Juan René Maureira, historiador.
Fundación Nodo XXI.

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