Hace unos días este medio reprodujo una columna de opinión de la directora de la ONG canadiense BPP, Meera Karunananthan, publicada en el diario británico “The Guardian”, en la que, basada en apreciaciones erróneas sobre la historia y la situación actual de los servicios sanitarios en Chile, afirma que el éxito del modelo chileno en este campo sería un mito y que Chile, supuestamente, se encontraría en una crisis de agua potable.
Lo cierto es que el modelo de gestión de servicios sanitarios implementado en Chile ha logrado niveles de cobertura y calidad de servicios sanitarios que ningún otro país en Latinoamérica ha alcanzado y este mismo modelo es el que ha permitido enfrentar los desafíos que genera el cambio climático y las no poco frecuentes situaciones emergencias producidas por los fenómenos de la naturaleza, como terremotos y erupciones volcánicas.
A pesar de que nuestro país ha sido afectado por una larga y extensa sequía durante los últimos 7 años, el abastecimiento de agua potable a la población urbana no ha sufrido alteraciones de significación, y lejos de estar sumido en “una crisis de agua potable”, el suministro se ha mantenido continuo y de calidad, gracias al esfuerzo mancomunado de empresas y regulador.
A fines de los 80’s, esto es, antes de las privatizaciones, las coberturas se situaban sobre el 90% en Agua Potable y de un 80% en Aguas Servidas y al inicio de este proceso menos del 20% de las aguas servidas tenía tratamiento en Chile.
De acuerdo a los últimos datos oficiales (2015), como lo indica el órgano fiscalizador del sector sanitario en Chile (la SISS), “la cobertura urbana de agua potable a nivel nacional en los territorios concesionados se mantiene en 99,9% y la de alcantarillado aumentó de 96,65% a 96,8%”. Cabe hacer presente que estas coberturas son “domiciliarias” y no “pilones” o “Grifos públicos”, como a veces se incluyen en otros países dentro de la categoría de “fuentes mejoradas”. Sumado a lo anterior, los indicadores de continuidad de servicio indican que el sector alcanzó un índice de continuidad de agua potable de 99,5% y de un 99,79% para el caso de aguas servidas, esto es, casi 24 horas continuas los 365 días del año.
Además, “la cobertura urbana de tratamiento de aguas servidas es de 99,85%, respecto de la población que cuenta con alcantarillado”, coberturas que ubican a Chile a nivel de Holanda, Luxemburgo y Suiza, países que prácticamente duplican el ingreso per cápita medido por PPP, y por cierto no hay ningún país en la región que si situé en las proximidades de este indicador.
El nivel que Chile ha logrado en términos de cobertura, calidad y continuidad de los servicios sanitarios no es trivial. Sólo para tenerlo en perspectiva, en el caso de Perú, el regulador de estos servicios (SUNASS) ha reportado que 6,2 millones de personas en la parte urbana no cuentan con servicio de agua potable y 7,5 millones de personas en la parte urbana no cuentan con servicio de alcantarillado, con una cobertura de agua potable promedio de 90.67% y una cobertura de alcantarillado 83,82% en 2015 y con una continuidad promedio a nivel nacional se ha situado entre 18,64 y 18,51 horas por día, en los años 2014 y 2015 respectivamente.
En el caso de Argentina, en su reciente Plan de Agua Potable y Saneamiento, elaborado el 2016 por Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de ese país, se informa que “el sector de agua y saneamiento de Argentina tiene un atraso significativo en la cobertura de agua y cloaca, y requiere mejoras en la calidad y eficiencia de los servicios. Se estima que 39,8 millones personas residen en áreas urbanas (2015), de las cuales el 87% tienen acceso a agua por red pública y el 58% a cloacas. No hay estadísticas confiables respecto del nivel de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, algunas fuentes calculan que se encuentra entre el 15 y el 20% de las aguas recolectadas”.
Este Plan de Argentina aspira alcanzar “para el 2019 en las áreas urbanas del país: la cobertura universal (100%) en el servicio de agua potable y la cobertura del 75% de los habitantes en el servicio de cloaca”.
En el caso de México, según lo ha informado la Comisión Nacional del Agua, la cobertura nacional urbana de agua entubada en la vivienda o predio al 2015 era de 97.2% y la cobertura nacional urbana de alcantarillado a red pública o fosa séptica era de 96.6% y en términos de tratamiento de aguas residuales, según BID, se espera alcanzar un 60% “tentativamente en el año 2015”.
Los ejemplares niveles logrados en Chile para sus servicios sanitarios han sido fruto de un largo camino y el resultado de distintas políticas públicas impulsadas a lo largo de varias décadas. Hasta 1977, tanto la operación como la supervisión de los sistemas sanitarios era estatal, y múltiples reparticiones públicas cumplían diversas funciones en esta área, a menudo superpuestas entre sí. Dicho año, la cobertura de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas era de un magro 85,6% y 55,9%, respectivamente, en comparación con las coberturas actuales de 99,9% y 96,8%, respectivamente. Adicionalmente, no había inversión alguna en tratamiento de aguas servidas, lo que hacía al contacto humano con aguas no tratadas un hecho relativamente frecuente. No sorprendentemente, la incidencia de la fiebre tifoidea y la hepatitis a fines de los setenta alcanzaba los 121 y 80 casos cada 100.000 habitantes, respectivamente, lo que se compara con incidencias de 1,2 y 3,78 al día de hoy.
Las tarifas de estos servicios, que son de las más bajas en el mundo entre los países con servicios equivalentes (OCDE), se definen mediante un procedimiento que tiene el doble propósito de: 1) promover el autofinanciamiento, esto es, que la tarifa debe ser suficiente como para poder solventar las inversiones y gastos necesarios para proveer el servicio ,y 2) promover la fijación de “tarifas de eficiencia”, es decir, que las tarifas deben ser las justas y necesarias para cubrir sólo los costos indispensables del servicio, suponiendo una gestión e inversión eficiente de los recursos. Consecuentemente, el marco de fijación tarifaria no “asegura” una rentabilidad al prestador, como tampoco “asegura” que éste cubrirá todos sus costos con la tarifa.
Este sistema de fijación de tarifas comenzó a operar casi con una década de antelación al ulterior proceso de privatizaciones, lo que pone de relieve que el sistema de fijación tarifario se diseñó pensando en la necesidad de autofinanciamiento y la necesidad de que las tarifas fuesen eficientes, ello, independientemente de quién tenga la propiedad de las empresas o la operación de las mismas, lo que incentivó la realización de la primera ola de inversiones que permitió elevar los niveles de cobertura del servicio.
Con el advenimiento de las privatizaciones de las sanitarias, o en algunos casos de la operación privada de las mismas, se dio una segunda ola de inversiones, que movilizó ingentes recursos privados, al amparo del sistema tarifario vigente, para el tratamiento de aguas servidas, contribuyendo a superar así una de las más importantes falencias sanitarias del país que era el casi nulo de tratamiento de aguas servidas. Se estima que las inversiones realizadas con estos propósitos alcanzaron cifras del orden de los 2 mil millones de dólares y las inversiones continúan. En los últimos cinco años, la inversión total del sector asciende a 1.949 millones de dólares, lo que equivale al 80% de las utilidades obtenidas por las empresas del sector en dicho período.
Por último, el proceso de privatización de los servicios sanitarios en Chile fue llevado a cabo en democracia y mediante leyes aprobadas por el Congreso Nacional a partir del año 1997. Desde el año 1999, la población urbana se incrementa desde los 12.72 a los 17 millones de habitantes y, producto del crecimiento urbano y el aumento de población, la red de agua potable creció en prácticamente 11 mil kilómetros y la de aguas servidas en aproximadamente 10 mil kilómetros, además de la construcción y puesta en servicio de 290 sistemas de tratamiento de aguas.
Constituye un patrimonio digno de destacar que Chile exhiba los elevados niveles de cobertura tanto de provisión de agua potable como de recolección y tratamiento de las aguas servidas urbanas, lo que no sólo es un activo del país en términos de salud pública, sino también de calidad de vida y dignidad de las personas, además de los favorables beneficios medioambientales que ello acarrea y su favorable efecto en el desarrollo de distintas actividades productivas en el ámbito agrícola o recreacional, por mencionar algunos.
Víctor Galilea
Presidente Ejecutivo Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitaria, Andess AG.
