Desde el Frente Amplio hemos abierto un debate con los comunistas sobre los avances del Gobierno en materia de derechos sociales, sosteniendo que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) mantiene intacto el principio de focalización del gasto social diseñado en dictadura. El intento de refutación del MDS reafirma lo que planteamos.

Sin hacerse cargo de la crítica central realizada, acusándola de parcial, desinformada y sobreideologizada, se alega que los instrumentos creados por el MDS permiten transitar desde la focalización hacia la universalización de derechos, enumerando luego una larga lista con ejemplos de iniciativas legislativas relacionadas con cambios institucionales y de enfoque, en programas dirigidos a la infancia, pueblos originarios, adultos mayores y discapacidad, que permitirían “focalizar mejor el gasto” y transitar “hacia la universalización de derechos sociales” tal como “como es el caso de la gratuidad de la educación”.

Entonces, ¿parecen destempladas nuestras críticas al MDS? Todo indica que no.

En materia de infancia y pueblos indígenas, Chile simplemente intenta cumplir con tratados internacionales firmados pero nunca implementados. En materia de infancia, la legislación proviene de gestiones anteriores y depende mayoritariamente de equipos ajenos al MDS; respecto a los pueblos indígenas, además de realizar las consultas en el marco de un criticado decreto 66, el ministro Marcos Barraza prefiere ignorar que su mismo Gobierno aplica la Ley Antiterrorista y refuerza la militarización en La Araucanía. En tanto que la política de inclusión de adultos mayores y personas con discapacidad se limita a dar soluciones privadas a problemas públicos: mínimas cuotas de trabajo en grandes empresas, en un país en que los derechos laborales son cotidianamente vulnerados, más ahora que entró en vigencia una reforma laboral que aumenta el predominio empresarial. En definitiva, los comunistas defienden una agenda que poco se relaciona con una fuerza de cambio, pero, sobre todo, no modifica la concepción neoliberal en materia de desarrollo social.

Por más que ajusten instrumentos, aumenten cobertura de subsidios e incrementen los recursos dirigidos a poblaciones “vulnerables”, se sigue sin garantizar derecho universal alguno: el problema radica entonces en la propia focalización. El pensamiento neoliberal promueve dirigir el gasto social a grupos vulnerables para garantizar la gobernabilidad, renunciando a la redistribución del ingreso. De hecho, el propio Friedmann reclamaba que “cualquier subvención debe concederse a las personas para que se gaste en las instituciones de su elección”.

La cuestión no tiene que ver con la cobertura o monto de los bonos, sino con la lógica misma de la focalización. Mientras que los no beneficiarios de subsidios son condenados a resolver individualmente su vida, muchas veces endeudándose para satisfacer necesidades elementales en el mercado, a los grupos vulnerables se les otorga “el derecho” a participar mínimamente en la vida social, mediante la entrega de cuantiosos recursos públicos a proveedores privados de servicios básicos. En ambos casos, lo que se fortalece es el mercado, cuyos fines distan mucho de asegurar la universalización de derechos, creando un verdadero “capitalismo de servicios públicos”, con actores empresariales que han hecho de la focalización un fastuoso negocio.

En sociedades en que existen derechos universales está garantizado el acceso y la producción democrática de esos servicios, sin importar el bolsillo. Su desarrollo se sustentan en la construcción y fortalecimiento permanente de servicios verdaderamente públicos, impidiendo que la reproducción de la vida social sea expropiada por empresarios. Pero la estrategia comunista apunta justamente a lo contrario: expandir vouchers y promover soluciones individuales y de mercado, al punto de naturalizar la política social neoliberal. Cuando se trata, precisamente, de lo opuesto: invertir la hegemonía privada por hegemonía pública.

Nuestra crítica a Barraza no es una estratagema electoral, sino una diferencia política sobre los principios que construyen una sociedad en que la vida social se resuelva democráticamente.

El Frente Amplio no está exento de reproducir el error de reducir el problema a grupos vulnerables o a ampliación de coberturas. Sin embargo, hay que ser claros: de no comenzar a garantizar el derecho de la sociedad a producir servicios sociales democráticamente, quedaremos presos de la utopía comunista de la focalización universal. La izquierda no puede agotarse en la toma y la gestión del Estado neoliberal: se requiere su democratización radical a partir de fuerzas sociales que no sólo presionen por cambios, sino que encabecen políticamente la transformación.

Giorgio Boccardo, director Fundación Nodo XXI.

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