Opinión


Hugo Lavados, rector USS: "Calidad y oportunidades: lo que debemos mejorar"

Raúl Zamora | Agencia UNO
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El sistema universitario en Chile ha sido históricamente de carácter mixto. El desarrollo de las instituciones sufrió un cambio muy significativo en 1981, al permitirse crear universidades privadas cuya autorización no necesitaba una ley sino un decreto presidencial.

El control que mantuvo el gobierno de la época no permitió el desarrollo de un número importante de nuevas instituciones. Junto a eso, se impuso una fragmentación de las universidades estatales más grandes: la U. de Chile y la U. Técnica del Estado. Esto se sumó a una fuerte restricción económica sobre todo el sistema, especialmente sobre las estatales.
Las universidades privadas se desarrollaron efectivamente desde 1989 en adelante, y con mucha fuerza desde mediados de los años 2000, al crearse instrumentos de apoyo a los estudiantes para financiar los aranceles.

Hasta ahora hemos tenido un debate estéril que ha tendido a basarse en definiciones tautológicas o en falsos silogismos. Los casos más evidentes han tenido que ver con incumplimiento de normas o ilegalidades por parte de los administradores de algunas universidades privadas y, a partir de esos casos puntuales, se han planteado críticas globales a todos los planteles. No ha ocurrido lo mismo con algunos malos manejos que han sido detectados en universidades estatales.

Hoy sabemos que es necesario hacer cambios que permitan mejorar la calidad de los resultados de las instituciones, junto con incrementar el acceso y las oportunidades a los sectores más desposeídos. Para lograrlo, un camino sólido y seguro es fortalecer el carácter mixto del sistema, corrigiendo las debilidades y errores, pero reconociendo el aporte de las privadas al país.

Por otro lado, hemos observado que las instituciones estatales han planteado que el Estado las ha descuidado, no obstante los datos muestran que todas han tenido incrementos en los recursos que reciben por distintas vías; lo mismo pasa con las privadas que están en el Consejo de Rectores (G9).

En efecto, en 2012 las universidades estatales recibían del fisco $1,7 millones promedio por estudiante, cifra que se elevó a $2,8 millones en 2015; montos muy similares a los de las universidades del G9. En el caso de las privadas que están fuera del Consejo, el aporte del Estado corresponde mayoritariamente al financiamiento a los estudiantes que eligen ingresar a ellas. Ese financiamiento creció de $460 mil en 2012, a $820 mil en 2015.

Con esto, en Chile no existe un sesgo negativo del Estado respecto a las instituciones de su propiedad. Lo que ha ocurrido en los últimos años, es que, exceptuando la U. de Chile, U. de Talca y U. de la Frontera, las universidades estatales han recibido recursos fiscales en igual proporción que las privadas del Cruch, sin hacer una discriminación positiva hacia las instituciones del Estado.

Las distintas visiones sobre el financiamiento proveniente del Estado, que es indispensable para el desarrollo del sistema universitario en cualquier país, nos ha tenido en una discusión sin mucho sentido ni trascendencia, sobre la llamada función pública de las universidades.

En realidad, dicha labor se cumple cuando los resultados de funcionamiento institucional generan efectos que favorecen a la sociedad, junto con los que reciben los estudiantes. Por lo tanto, cumplir una función pública no tiene relación lógica con la naturaleza jurídica de la institución, ya que lo significativo es obtener resultados con calidad, que promuevan la equidad.

Si sacamos a las dos o tres instituciones más destacadas del país, prácticamente todos los indicadores de admisión, retención, empleabilidad e ingresos, son similares entre las universidades privadas y las del Cruch. Frente a lo anterior, ojalá no continuemos comparando modelos teóricos respecto a diagnósticos muy sesgados, con una tremenda falta de consideración hacia los estudiantes de las instituciones privadas.

Hugo Lavados Montes
Rector Universidad Sebastián

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