El pasado jueves 9 de febrero, los académicos Ricardo Camargo y Alberto Mayol publicaron una columna de opinión conjunta en la página web de Radio Bio Bio en la que relativizan el rol jugado por la Bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana para no prorrogar el Decreto Ley de Reforestación 701. También realizaron algunas afirmaciones e interpretaciones sobre el tema que son confusas, imprecisas y poco rigurosas.
Ambos columnistas afirman: “el decreto aun cuando no está ‘vigente’, ha estado todos los años anteriores abonando incentivos a las empresas. Es decir, nadie sabe cómo ni por qué, el decreto 701 opera incluso en los años posteriores a su caducidad. Arriesgamos una interpretación: quizás siempre se asume que se prorrogará más temprano que tarde. De hecho, ha habido prórrogas retroactivas. Y una razón para entender esa retroactividad es que se haya estado pagando durante el período sin vigencia”.
Lo fundamental es volver a recalcar que el DL 701 no está vigente desde el 31 de diciembre del 2012. Desde esa fecha que el Estado no entrega nuevas bonificaciones a los madereros, independiente de su tamaño.
Para entender cómo opera en detalle este subsidio, repasaremos su funcionamiento legal y entregaremos una cronología sobre las gestiones que realizó nuestra bancada para no prolongar el uso de este instrumento neoliberal.
Nuestras alertas se encendieron el 23 de julio de 2015 al leer en el periódico digital El Mostrador una columna de opinión del ex sacerdote jesuita Luis García Huidobro titulada “DL 701 en trámite: la radicalización del conflicto forestal”.
Junto con estudiar las múltiples dimensiones del tema, nos preocupó que la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, a comienzos de julio de ese mismo año, aprobara prorrogar el subsidio desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018.
Inmediatamente averiguamos que dicho proyecto continuaría su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya que involucraba financiamiento público. En ese momento, como jefe de la Bancada PC-IC, activamos una ofensiva hacia el gobierno para que le quitara urgencia a la iniciativa legal, porque nos parecía impresentable seguir financiando en forma directa o indirecta a grandes grupos económicos. Después de varios tiras y aflojas, el Ejecutivo accedió a nuestra petición. De esta manera, el proyecto nunca llegó a ser votado en la sala.
Sin embargo, al revisar el proyecto de ley de Presupuesto para el año 2016 constatamos con sorpresa que en la partida 50 del Tesoro Público se asignaba la suma de 326.970 millones de pesos a subsidios madereros. Nos pareció inadecuado seguir financiando la reforestación si el proyecto para prorrogar estaba “congelado” en la Comisión de Hacienda y el famoso DL 701 no estaba vigente desde el 31 de diciembre de 2012.
Al analizar la normativa del DL 701, nos enteramos que el monto asignado era para cancelar arrastres de subsidios referidos a forestaciones ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2012, fecha en que el D.L. N° 701 expiró. No eran recursos para forestar nuevas superficies. El Estado sólo cancelaba los arrastres que vencen el 31 de marzo de 2017.
Lo anterior, se explica porque en el D.L. N° 701 se establece un período de 4 años para cobrar la bonificación y dicho plazo, una vez establecida a firme la forestación, comienza a pagarse del año siguiente.
Un poco antes del plazo que tiene el Gobierno para ingresar el proyecto de ley de Presupuestos 2016, se sumó un hecho que conmocionaría a todo Chile: La Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la empresa CMPC Tissue y a SCA Chile por haber creado y participado durante 10 años de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papeles tissue.
La colusión del papel confort nos dotó de un poderoso argumento para intentar darle el tiro de gracia al subsidio de reforestación e impedir que parte de los recursos se le siguiera entregando a la empresa del Grupo Matte, instigadora de la cartelización y una de las principales e históricas beneficiadas con el DL 701.
Al calor de la discusión del erario público, presentamos dos indicaciones. En una de ellas le asignamos la suma de mil pesos a la bonificación, mientras que en otra propusimos reasignar los 326.970 millones de pesos a la promoción de la actividad económica de micro y pequeños empresarios, agricultores y comunidades de pueblos originarios con ventas máximas de 15.000 UF al año. Ambas indicaciones fueron rechazadas por considerarlas inadmisibles.
“Al analizar la normativa del DL 701, nos enteramos que el monto asignado era para cancelar arrastres de subsidios referidos a forestaciones ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2012, fecha en que el D.L. N° 701 expiró. No eran recursos para forestar nuevas superficies. El Estado sólo cancelaba los arrastres que vencen el 31 de marzo de 2017“.
Los antecedentes revelados por la Fiscalía Nacional Económica frenó los intentos de la derecha y de sectores neoliberales de la Nueva Mayoría de insistir con la prórroga del DL 701 y abrió el espacio para que se materializara nuestra propuesta de crear una Comisión Investigadora sobre las “Condiciones generadas por el Estado a través de la política forestal expresada en el decreto ley N°701, como factores que favorecieron un escenario de colusión y la incidencia del subsidio forestal en el enriquecimiento de los grupos económicos”.
Durante una sesión de esta comisión investigadora, recibimos a las comunidades mapuche de Tirúa, quienes denunciaron que durante la dictadura la Conaf recalificó ilegalmente tierras agrícolas para entregárselas a las forestales. Mediante la privatización de tierras mapuche se creó el actual monopolio forestal y el respectivo empobrecimiento de las comunidades indígenas. Los antecedentes se le hicieron llegar al Ministro de Agricultura, Carlos Furche.
Cuando ambos columnistas, Camargo y Mayol, aseguran que “el épico relato de la bancada PC-IC sobre su proeza de haber detenido el uso del decreto 701 puede tener sustento material desde el punto de vista de la papelería, pero desgraciadamente no tiene sustento material desde la perspectiva del papel moneda, porque dinero sí se ha transferido en todo el proceso desde que se terminó la vigencia del mencionado decreto” evidencian el desconocimiento legal del mencionado decreto. También cuando afirman “¿qué misterioso fundamento permite que un decreto no “vigente” pueda ser utilizado en sus bonificaciones como si estuviese en ejercicio? ¿Quién es el responsable del vicio?”.
Recapitulando. Aunque nos gustaría que no se continuara pagando los arrastres del DL 701, lo concreto es que la ley vigente permite cancelar lo pendiente y como tal no se puede pasar por encima de la normativa.
Consideramos que la colusión del papel confort y el desastre causado por los incendios forestales son la oportunidad para terminar con la legislación neoliberal creada en 1974 por el exyerno de Pinochet y exdirector de Conaf, Julio Ponce Lerou.
Es evidente que el famoso DL 701 da continuidad a un modelo primario exportador que en materia forestal ha generado “una catástrofe humana y medioambiental”.
Se valora que el Gobierno envíe en marzo el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, organismo que reemplazará a la limitada Conaf, una corporación privada.
“Aunque nos gustaría que no se continuara pagando los arrastres del DL 701, lo concreto es que la ley vigente permite cancelar lo pendiente y como tal no se puede pasar por encima de la normativa”.
Es imprescindible fortalecer el rol regulador y fiscalizador del Estado en la actividad forestal, en relación con los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Puntualmente, los incendios demostraron que no pueden colindar plantaciones junto a pueblos, localidades o ciudades, y que se deben subir los estándares de seguridad a las empresas en caso de siniestros.
También se deben reformular el sentido y orientación del sistema de bonificaciones que ha existido hasta ahora para recuperar el bosque nativo y el fomento forestal sustentable y equitativo. La nueva política forestal debe transitar del modelo tradicional extensivo a uno intensivo.
Asimismo, es muy importante generar un genuino desarrollo local mediante el apoyo a las Pymes, mejorar la situación de los trabajadores forestales e impulsar el desarrollo de pequeños propietarios agro-forestales. También es clave mejorar e incorporar valor agregado a la producción y comercialización de artículos forestales, como la fabricación de muebles y juguetes de madera.
Más allá de la polémica, lo fundamental es que todos aquellos que estamos por superar el neoliberalismo debemos unir fuerzas para forjar un nuevo modelo forestal. Estamos dispuestos a converger con quienes apuesten por una política pública e institucionalidad que sea sustentable social y ambientalmente, y que respete a los pueblos originarios.
Daniel Núñez
Diputado Partido Comunista
