La “acreditacioncitis” puede ser una enfermedad incurable: manía del crédito, a conseguir, a recibir o prorrataer en el círculo económico generalizado — jamás a dar, lo que se llama dar. El diccionario de la tan Real como Irreal Academia de la Lengua Española (RAE) ofrece desde ya, en la entrada “acreditar”, las siguientes definiciones:
1. Hacer digno de crédito algo, probar su certeza o realidad.
2. Afamar, dar crédito o reputación.
3. Dar seguridad de que alguien o algo es lo que representa o parece.
Particularmente la primera como la tercera acepción se acercan al uso intensivo que en los últimos años se le ha otorgado a este verbo en el ámbito de la educación superior: un dispositivo para asegurar (probar) que una universidad sea digna de ser llamada universidad (en el lenguaje técnico: un mecanismo de aseguramiento de la calidad). Básicamente consiste en un diagnóstico de la coherencia entre lo que una institución universitaria declara como sus propósitos o promesas constitutivas y lo que efectivamente está haciendo para dar cumplimiento a ellas. Tal cumplimiento es a fin de cuentas un juicio de diagnóstico que debe ser fundado en indicadores verificables, evidencias de todo tipo y, en algunos casos, informes de expertos. La coherencia entre dicho y hecho opera entonces como criterio medular de los llamados “procesos de acreditación” institucionales.
Por su parte, un proyecto de ley, como su nombre lo indica, aspira a volverse institución normativa, ley. Y virtualmente pudiera también someterse a un “proceso de acreditación”, de modo de asegurar ante terceros que es lo que es, representa o parece, como dice la RAE.
En su estado actual, el proyecto de reforma al sistema de educación superior, que ha enviado el Gobierno al Congreso, si intentara acreditarse, hoy no lo lograría. No pasaría el proceso de acreditación que él mismo le exige a las instituciones (universitarias) cuya acción pretende normar. Veamos.
En términos de coherencia interna, el proyecto hace agua en sus propósitos o promesas principales. Estas promesas, que están explícitamente declaradas en los acápites iniciales del proyecto, son básicamente dos: 1. fortalecer la educación pública, y 2. interrumpir la mercantilización del quehacer universitario (pasar de un educación considerada como ‘bien de consumo’, al decir del ex Presidente Piñera y la corte neoliberal, a un derecho social, al decir de la Presidenta Bachelet y el progresismo socialdemócrata): “La educación es un derecho fundamental, tiene un valor público innegable… Este es el país que soñamos”, señala el punto I.1. (“Antecedentes”) del proyecto enviado al Congreso.
Como en los antecedentes del mismo proyecto de ley se reconoce, fruto del abandono progresivo del Estado a sus universidades en las últimas cuatro décadas, la educación
pública estatal universitaria cubría a 2014 sólo un 25% de la cobertura del sistema, mientras el promedio de los países de la OCDE es de un 71% (cf. I, 3, C)
Sin embargo, en el texto del proyecto de ley propiamente tal no hay ni “indicadores” ni “evidencias” ni nada análogo que sustente un cambio de la situación. En cuanto al fortalecimiento del sistema público universitario, no hay elementos que permitan prever un mínima recuperación del rol de las universidades estatales y tampoco hay comprometidos fondos basales que permitan a estas dar un salto en equidad, pertinencia y cobertura en la próxima década (los fondos se mantienen grosso modo en su estado actual e incluso, pues estos se tendrían que aprobar año a año, pudieran bajar; cf. artículo nº 188 del proyecto de ley).
Tal como está el dicho proyecto, es bien probable que en 10 años más el porcentaje de la cobertura universitaria en manos de universidades estatales pudiera haber bajado aún más (¿al 15%?) e incluso la matrícula total de las universidades del CRUCH (que, además de las universidades estatales, incluye a las universidades tradicionales no estatales).
Todas estas cosas las han dicho ya, en distintos tonos y ocasiones, tanto los rectores del CUECH (que agrupa a las universidades estatales) como los dirigentes estudiantiles de la CONFECH y múltiples otras agrupaciones de académicos, estudiantes y funconarios.
Para “acreditarse” el proyecto de ley requiere con urgencia cirugía mayor, es decir, variaciones estructurales. No se trata sólo de “meterle más lucas” a las universidades del Estado; de lo que se trata es de configurar un real sistema público de educación superior (que incluya a las universidades estatales como a aquellas no estatales con vocación pública) y desarmar definitivamente el chanterío mercantil en la educación. O el proyecto de ley cambia su actual rumbo, o no merece llamarse “reforma” ni mucho menos acreditarse como tal.
Andrés Ajens y Carlos Astudillo
Escritor y presidente de la Federación de Estudiantes del Pedagógico (FEP)
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
