El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog), Joe González, se refirió al informe de la Corte Suprema que reveló el estado de las cárceles del país.

En conversación con Expreso Bío Bío, González sostuvo que se trataría de uno de “los tantos informes que se van emanando de parte de la autoridad judicial, también hay informes de universidades, funcionarios, que dan cuenta de la crisis del sistema penitenciario, pero parece que todos esos informes no llegan a las autoridades de Gobierno”.

En esa línea, explicó que “nos preocupa que siendo tan lapidarios este informe y otros, no hayan movido ninguna política pública durante el último tiempo”.

Consultado por las medidas que se deberían tomar, González mencionó que “los que deben tomar la decisión de invertir en políticas públicas, ni hoy, ni mañana es popular anunciar una inversión en las cárceles. Cuando asuma el nuevo Gobierno e hipotéticamente anunciara una gran reforma penitenciaria, no sería popular”.

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Asimismo, agregó que “para la gente común y corriente no le es popular esto, ellos prefieren educación, salud, antes de invertir en las cárceles. Hay que entender que estas personas algún día egresan del sistema”.

Respecto a los recursos monetarios que implica mantener un interno, González sostuvo que “la administración debería ser reformulada. Creo que en esa observación que hace la fiscal de la corte hay varios puntos que aclarar, para la subcultura delictual, este tema que se está dando como una gran vulneración a los derechos de los internos, para ellos no es tal”.

Por lo mismo, aclaró que “cuando hay una cárcel que está completamente hacinada, no sólo del tema de habitación, pero cuando hay un nivel de más del 100% de hacinamiento, ese hacinamiento aumenta más en un patio y eso provoca conflictos y un muchas cosas”. Además, acotó que los baños se encontrarían en condiciones precarias debido a la poca mantención, donde incluso los mismos reos los destruirían.

González explicó que al no existir medios e infraestructura para las personas privadas de libertad se caería en vulneración de derechos.

“Lo mismo para el personal cuando está sometido a lo mismo que vive un interno. Ambos somos personas y ese es el tema, que en la cárcel no hay un trato humanitario ni para reos ni para funcionarios”, aseguró.

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