La diputada independiente y miembro de la Comisión de Salud, Karla Rubilar, se refirió a la denuncia por la millonaria compra de suplementos, principalmente leche Purita, por parte de la Subsecretaría de Salud. Según la diputada, se trataría de 23 mil ejemplares del producto que deberán ser desechados a raíz de que nunca se utilizaron.
En conversación con Expreso Bío Bío, Rubilar sostuvo que se involucró una suma importante de recursos monetarios en la adquisición del producto. “Además, 23 mil tarros de leche vencidos, que van a terminar en un vertedero botados”, dijo.
“No podemos bajarle el perfil, por mucho que el ministerio intente, este es un informe final de la Contraloría, fue un trabajo muy minucioso y exhaustivo que hizo (la Contraloría), investigó desde el proceso de licitación y los estudios del 2014 hasta la entrega durante 2017″, agregó la diputada.
Por lo mismo, indicó que agrupaciones a favor de la lactancia materna habrían iniciado las denuncias para concluir en el proceso que se lleva a cabo hoy.
Al ser consultada por los antecedentes del caso, Rubilar explicó que en un comienzo las autoridades tenían pensado realizar un estudio en lactancia enfocado en la comparación de menores que consumían leche materna versus niños que consumían leche Purita.
“La idea era comparar, ver las diferencias nutricionales. Se le encargó esto a una corporación dependiente del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) (…) Para este estudio se necesitaban 9 mil tarros, el estudio nunca terminó, incluso pagaron la mitad de los $150 millones porque esta corporación dijo que no fue capaz de encontrar los 100 niños que consumían leche Purita”, señaló.
Además, agregó que tras el fracaso del estudio, se licitaron 96 mil ejemplares adicionales bajo el argumento de un plan piloto.
“Esos 96 mil tarros se compraron a un proveedor y la Contraloría determina varias cosas: que en la licitación se dejó fuera a un segundo proveedor sin razón, y que ese segundo costaba $100 millones más barato (…) la Central de Abastecimientos (Cenabast) del Ministerio de Salud hizo de bodega y eso también se lo hará devolver la Contraloría en sus recursos”, añadió.
En este marco, dijo que de los ejemplares disponibles, 23 mil se vencieron, lo que sumaría un total de $422 millones que según la Contraloría, la Subsecretaría de Salud debe devolver.
“Porque es completamente injustificado, es decir, este es un informe que de principio a fin tiene irregularidades”, acotó la diputada.
Respecto al subsecretario de Salud, Jaime Burrows, expresó que no se tiene claridad sobre una posible renuncia. “A mi me interesa que esto se investigue y se investigue bien. Si hay conflicto de interés o fue negligencia, lo que es grave. Quiero saber si acá hay un tema más profundo“, concluyó Rubilar.
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