Opinión


Abogado por trabajadores públicos a honorarios: El Estado dispone de personal del siglo XIX

Archivo | Javier Salvo | Agencia UNO
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La precariedad que viven los trabajadores a honorarios en la administración pública es gigantesca, y ha sido poco atendida por los mismos empleados. El problema principal es el desconocimiento de la normativa legal que los rige y la inacción del Estado ante una abierta ilegalidad según señalan los expertos.

Hoy son 300 mil los trabajadores que están en esa situación en una deuda que supera los 4 mil millones de dólares.

En conversación con el Podría Ser Peor, Giorgio merino, abogado y socio fundador de soyhonorario.cl equipo de abogados que trabajan junto a funcionarios a honorarios en los organismos de la administración del Estado y las municipalidad, comentó que todas estas personas tienen el derecho de ser reconocidos como tal y que tienen derechos.

“Esa enorme masa de trabajadores va a terminar siendo reconocida en su calidad de trabajador y vamos a tener un estamento distinto al estatuto administrativo que hemos tenido siempre y este invento raro de los contratados a honorarios, ahora vamos a tener un estamento de trabajadores que es lo que la Corte Suprema ha señalado con absoluta claridad”, expresó.

Según Marino, este tema se enmarca en la “ilegalidad absoluta” ya que asegura que la contratación a honorarios se funda en dos artículos, el artículo 11 del estatuto administrativo y el artículo cuarto, los que según él dicen lo mismo tanto como para empleados públicos y municipales:

“Podrá contratarse sobre la base a honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias cuando deben realizarse labores accidentales y que no sean habituales de la respectiva institución”, explicó el abogado.

“Ninguno de ellos ha prestado servicio de forma accidental, son los profesores, los asistentes sociales, la señora que hace el aseo, la secretaria los encargados de los programas son todos servicios absolutamente habituales”, enfatiza.

Por esto, asegura que el Estado ha contratado inconstitucionalmente, porque lo ha hecho fuera del marco de las atribuciones que la ley tenía.

Según informó existen en las instituciones fiscales al menos en el año 2015 189.483 personas y en las municipalidades 157.421 personas, de las cuales afirmó que “no hay datos nacionales sobre el valor de la remuneración promedio ni la antigüedad promedio, porque esto está totalmente desmembrado”, sostuvo.

Y agregó que “el problema completo debe redondear los 7 mil-8 mil millones de dólares, ese es el tamaño del problema y esto no es como la deuda histórica de los profesores, este es un problema mucho más grande”, planteó.

De hecho, aseguró que el nivel de precarización de estos trabajadores es tal que ha “sabido de personas que llegan a tener relaciones sexuales por recontrataciones“, lamentó.

Marino explica el rol del Estado en torno a esta problemática mediante dos razones.

Lo que ocurre es que aquí tu dispones de personal estilo siglo XIX esto te facilita mucho las cosas, nadie en ese siglo quisiera tener controles para despedir, para contratar, para pagar cotizaciones previsionales, todo esto no se hace”.

Y por otro lado sostuvo que de esa manera “se pagan los ejércitos de gente que trabaja en las campañas, pero no se pagan con bono ni con una ida a comer, ni con un asado ni con una parrillada, no se paga con eso, se paga con un trabajo que dura cuatro años“.

“Entonces hay un grupo de personas que no son estas 350 mil, deben ser 10 o 15 mil personas que se mueven con esa lógica (…) ¿tú te imaginas la adhesión que logras en esa persona, si yo te doy un trabajo y tu te quedas trabajando conmigo?”.

Por esto aseguró que “se pagan las campañas con plata del fisco y de yapa tienes el caldo cultivo perfecto para los fraudes al fisco ahí tiras un sueldito de 1200 , 700 para ti, 500 para mí”, puntualizó.

Escucha a continuación la entrevista realizada por Julio César Rodríguez en el Podría Ser Peor:

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