Ayer se realizó el seminario internacional “Dignidad en internet: derecho al olvido versus derecho a la información”, encuentro que proponía un debate público sobre la protección de las personas en la web para avanzar hacia una legislación que regule estas materias en Chile.

Asimismo, se abordaron las distintas aristas en torno al derecho al olvido tanto en materia jurídica como respecto de la libertad de expresión y la tecnología.

En conversación con Expreso Bío Bío, Jesús Rubí, director adjunto de la Agencia Española de Datos, indicó que en materia de protección de datos en Chile se encuentran con una ley antigua y que no ha tenido una autoridad competente para actualizarla efectivamente.

“Es una ley que está obsoleta en el sentido que no ha tenido en cuenta todos los entornos de la sociedad de la información, de internet, de la economía digital y que adicionalmente debería contemplar una autoridad que tenga una autonomía para aplicarla”, sostuvo.

Añadió que la ley actual chilena recoge los principios básicos generales y tradicionales de la protección de datos sin contemplar la posibilidad de aplicar esos principios y garantías a los servicios que prestan multinacionales fuera del país pero que utilizan y tratan datos de usuarios chilenos.

Explicó que el derecho al olvido es una reacción frente a la hiperaccesibilidad que se produce a la información personal a través de los buscadores de internet a partir del nombre de la persona.

“Este derecho reconoce que en cada caso concreto hay que hacer una ponderación entre el interés público de los internautas de internet y este derecho de la persona. Si prevalece el derecho de la persona, la información sigue estando en la fuente, la información sigue siendo accesible a través de un buscador”, sostuvo.

Añadió que con esta ley la información se sigue manteniendo en origen pero se limita la facilidad de acceder por el nombre.

Respecto a que en Chile las cifras indican que el 88,6% de las personas considera grave no tener control de sus datos personales, el experto precisó que este resultado demuestra un porcentajes elevado en torno a una demanda social para que exista una norma actual que garantice control para la ciudadanía.

“Una norma que garantice los principios de protección de datos y estos derechos de protección al acceso de información, rectificación de la información obsoleta, de la posibilidad de cancelar la información o de oponerse al tratamiento de esa información”, aclaró.

Escucha la entrevista realizada por Katherine Ibáñez y Álvaro Escobar en Expreso Bío Bío: