En el 11° Juzgado de Garantía de Santiago se realizó la formalización contra 10 carabineros acusados del delito de facilitación de la explotación sexual infantil en la zona sur de la región Metropolitana.

Los funcionarios quedaron en libertad, pero con las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas.

Estos hombres investigados corresponden a personal de la Comisaría de La Cisterna y están acusados de facilitar estas actividades de explotación sexual infantil desde mayo hasta julio de 2016. Según señaló la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, quienes también se hicieron parte de esta investigación, los funcionarios habrían omitido cualquier procedimiento en garantía de los derechos de estas personas.

“Personal de carabineros que realizaba servicios en la población al efectuar la fiscalización del comercio sexual en la vía pública a diferentes mujeres, entre ellas menores de edad, omitió cualquier tipo de procedimiento en garantía de los derechos de las niñas y adolescentes involucradas, permitiendo que siguieran facilitando la explotación de ellas, al no adoptar procedimiento policial alguno”, señaló la querella del CDE.

Este caso representa a una segunda arista de la causa inicial de explotación sexual infantil detectada en 2016 y por la cual ya existen 20 personas condenadas.

El fiscal Rodrigo Chinchón, a cargo de esta investigación, especificó que entre las tres víctimas, de entre 14 a 16 años de la época, estos funcionarios interactuaban con ellas y no tomaban ninguna medida de protección en favor de las menores. Según el persecutor, estas acciones obedecerían a evitar cumplir con trámites policiales más extensos.

Los funcionarios que fueron formalizados son: Jorge Peña, Javier Lagos, Aníbal Paredes, Manuel Álvarez, Cristián Garcés, Erwin Cárdenas, Diego Aguilar, Richard Espinoza, Jorge Sánchez y Cristián Cea.

Las defensas de los imputados fueron enfáticas en señalar que los funcionarios más allá de un incumplimiento policial, no facilitaban la explotación sexual infantil. El defensor público, Marío Araya, indicó que esta posición quedó del todo precisa ya que no se pidieron medidas cautelares más duras como la prisión preventiva, considerando que el delito vale este tipo de medidas cautelares.

Al culminar la audiencia, los funcionarios se retiraron sin formular declaraciones y la comisaría a la cual pertenecen deberá resolver cómo desempeñarán sus funciones policiales, ya que eventualmente podrían estar en contacto de las víctimas.